Introducción general

1. Las actuales luchas bolivianas en el camino de los años 70

 Bolivia conoció en el transcurso de estos últimos quince años –luego de la derrota de los mineros de COMIBOL (Corporación minera de Bolivia) en 1985 y de la imposición del famoso decreto supremo 21060- un período de largo reflujo de la combatividad social. La apertura de un ciclo de reformas neoliberales supo quebrar en forma duradera toda resistencia a este proceso, comenzando por la de los mineros del estado. Los regímenes abiertamente reaccionarios que sucedieron a los gobiernos movimientistas, como los de los generales Barrientos y Banzer, ya habían intentado truncar y cuestionar las reformas establecidas después de 1952. Luego de los hechos de 1985-86, los sucesivos gobiernos intentaron volver radicalmente hacia atrás el conjunto de las conquistas y victorias parciales tanto económicas, sociales como políticas alcanzadas por el movimiento popular durante el período revolucionario y post-revolucionario iniciado por las jornadas de abril de 1952.¹

Sin embargo, esta relación de fuerzas y esta dinámica, hoy parecen tender a invertirse. Los sectores asalariados industriales y mineros, tradicionalmente a la cabeza y que tomaron la iniciativa de los movimientos hasta 1985, no ocuparon un lugar central en el seno del panorama social del país y quedaron relativamente al margen hasta junio del 2001. Sin embargo, hemos asistido al despertar de la combatividad campesina, a veces en alianza con importantes sectores urbanos. Los movimientos rurales desbordaron las movilizaciones de las zonas de colonización agraria, tomaron la iniciativa de las manifestaciones de resistencia a los proyectos gubernamentales durante lo últimos diez años. Durante estos últimos meses asistimos al resurgir de la protesta en los valles interandinos y en el Altiplano norte.

De esta manera, el año 2000 marcó dos acontecimientos de gran repercusión a escala nacional, con sus consecuentes cortes de ruta y enfrentamientos con el ejército. Se trata de la semiinsurrección de Cochabamba, a la cabeza de la cual se ha puesto la Coordinadora del Agua y de la Vida durante el mes de abril sellando alrededor de Cabildos abiertos, sostenidos en la Plaza 14 de septiembre, la alianza entre las masas rurales y urbanas². Por otra parte, la revuelta campesina paceña de septiembre que alcanzó una amplia zona del Altiplano norte ha sacudido fuertemente al país. Este año el país estuvo atravesado en el mes de abril por las marchas y la revuelta determinada de los cocaleros que provenía especialmente del Chapare, expresando su ira, su derecho al único cultivo rentable, el de la hoja de coca, su hostilidad a la implantación de tres bases militares en la provincia, y esto en un contexto de una aguda agitación social. Recientemente, los mineros, hasta el momento ausentes de la movilización, entraron en escena. El 7 de junio de 2001, 12.000 mineros cooperativistas y sus familias provenientes de algunas de las 514 cooperativas del país ocuparon la capital armados con cartuchos de dinamita. Estos mineros, la mayoría ex despedidos de COMIBOL, organizados en la FENCOMIN (Federación nacional de cooperativas mineras), reclaman un plan de salvataje para un sector en crisis profunda, así como para el resto de la economía nacional.

Mientras que el mismo día Víctor Paz Estenssoro –el artesano de las nacionalizaciones de las minas de 1952 y luego de su privatización en 1985- moría en Tarija, los mineros, a través de su portavoz Cresencio Huanca afirmaban “hemos llegado a La Paz, tal como hicimos el compromiso en 1985, cuando dijimos que los mineros volveremos, ahora estamos dispuestos a quedarnos hasta que seamos atendidos”³.

Los movimientos de protesta citados anteriormente son sólo los más ejemplares en el seno de la multitud de los últimos conflictos de menor importancia, más locales o puntuales. Podríamos así citar las últimas huelgas llevadas a cabo por los funcionarios estatales, los profesores y maestros, o también más recientemente por los camioneros y transportistas. No indican únicamente una tendencia a retomar la combatividad y la conflictividad sociales en vistas a resistir a los proyectos económicos gubernamentales. Son los síntomas de una profunda degradación de la situación socio-económica, que tuvo como resultado enfrentamientos directos contra el estado, sus instituciones, sus órganos de representación y por supuesto, sus fuerzas de seguridad, policiales y militares.

Se trata por otra parte de golpes violentos asestados al gobierno de turno que llevaron a hacer resurgir las profundas contradicciones del régimen. Para completar este cuadro y restituir todo el impacto y el alcance de los movimientos citados anteriormente, habría que indicar además que el país dirigido hasta principios de agosto de 2001 por Hugo Banzer, de ahora en adelante ya no puede contar con un crecimiento medio anual de la economía nacional del 4%. Aunque a la par de un endeudamiento en aumento, este fuerte crecimiento había permitido asegurar una cierta estabilidad, encontrar un cierto apoyo en las capas medias urbanas, sólo haciendo, a final de cuentas, aplazar para más tarde las consecuencias de la crisis económica tal como se manifiesta en América Latina. Efectivamente se puede subrayar una recuperación de la respuesta social de parte de las clases populares pero sobretodo una nueva tendencia a la autoorganización de los sectores de estas luchas. Aludiendo a los movimientos de septiembre, Álvaro García Linera reconoce así que:

(...) desconocida la autoridad estatal y bloqueados sus diagramas de ocupación espacial como los caminos y las carreteras, el cuerpo comunal se ha enseñoreado de los usos territoriales. El municipio ha sido sustituido por el cabildo, el subprefecto corregidor por el secretario general y los mallkus, los poderes locales han dado paso al pliego petitorio general (...)⁴

Es interesante observar en esto en qué medida estos movimientos sociales bolivianos tienen que ver y reanudan en parte las tradiciones de conflictividad y organización autónoma propias de las grandes explosiones y de los procesos de lucha, a mayor o menor largo plazo, que se apoderan de América Latina después del Cordobazo argentino y que abren el período de las experiencias de los años 1970 en el seno de las cuales el ciclo boliviano de 1969-71 toma toda su importancia. Estas luchas radicales por un lado, tienden a sobrepasar y a desbordar los marcos habituales de representación y canalización del movimiento obrero, campesino y popular como podía ser todavía el caso los años 80. Asistimos así a la emergencia de un cierto número de organizaciones y de situaciones innovadoras, como fue el caso de Cochabamba donde frente a la defección institucional y militar luego de los combates, la dirección de la tercera ciudad del país reposó momentáneamente en las espaldas de la Coordinadora apoyándose en las asambleas populares que reagrupaban decenas de miles de personas⁵.

Esto desembocó implícitamente en plantear la cuestión de la salida a la crisis, el contenido de esta salida, popular o reaccionaria, y tiende a plantear la cuestión del poder, tanto político como económico. En el marco de un país como Bolivia, la simple protesta frente a la privatización de la red de distribución del agua en beneficio de una multinacional como Aguas de Tunari, sólo puede hacer explotar las contradicciones inherentes de un país periférico sometido a la tutela de las economías capitalistas avanzadas⁶.

Frente al gran descrédito que sufría Hugo Banzer, por las contradicciones frente a las cuales se encuentra la actual mayoría gubernamental, fuertemente heterogénea, no pudiendo apoyarse más en la clase media urbana y en los aparatos sindicales que le habían servido de base social en nombre de la defensa de la estabilidad económica, el conjunto de las fuerzas sociales y políticas del país se esforzaron en esbozar algunas propuestas para salir del marasmo. Pudo así resurgir la idea de la necesidad de reformas de envergadura tanto económicas como políticas para intentar vencer la crisis en todos sus aspectos. Algunos incluso, a veces aludieron a la necesidad de convocar a una asamblea constituyente con el fin de desactivar la situación. Sin embargo para otros que se inspiran en las tendencias a la autoorganización que marcaron los momentos más conocidos de la gesta popular boliviana –1952, 1971, 1985-, se trata de optar por una estrategia y una salida completamente diferente. En oposición a una solución de tipo constituyente o reformista, inscripta en un marco legislativo integrándose en la continuidad del sistema sin atacar las raíces económicas de la crisis, algunos llamaron nuevamente y han hecho resurgir el recuerdo de “la COB [Central Obrera Boliviana] de la primera época y de la Asamblea popular de 1971”⁷.

Guillermo Lora recordó así que “en gran parte es herencia de nuestro pasado la experiencia de autogobierno que tienen los ayllus, la democracia directa que impera en las organizaciones de masas y tenemos esa rica experiencia de la Asamblea Popular” ⁸.

Las reacciones similares de dos grandes comentadores tan diferentes como Lora y García Linera con respecto a los últimos acontecimientos contribuyen a poner de manifiesto cierta particularidad del movimiento popular boliviano. Esta excepcionalidad descansa ante todo en una experiencia histórica en el curso de la cual en tres oportunidades, en 1952, 1969-71 y durante las jornadas de marzo de 1985, la cuestión del poder estuvo en primer plano para las fuerzas sociales en conflicto. La situación hoy no se encuentra en este mismo grado de radicalidad y tensión. Sin embargo, el conjunto de los movimientos de protesta de estos últimos años no sólo cuestionó coyunturalmente los marcos económicos, sociales y políticos bolivianos. Estas explosiones contribuyeron a ilustrar, como lo han notado con mucha claridad algunos editorialistas de la prensa paceña y nacional desde septiembre de 2000, una denuncia implícita y un cuestionamiento más o menos consciente de la situación de la profunda crisis estructural en la cual se encuentra el país.

Es cierto que ni la COB de abril de 1952 ni la AP de 1971 a las cuales Lora alude, habiendo producido estas convulsiones sociales, no desembocaron en una transición en el sentido de una ruptura total con el sistema capitalista. Evocarlas significa sin embargo recordar:

Parte de aquel patrimonio revolucionario de un pueblo, que a pesar de estar aparentemente oculto, o ser violentamente reprimido, es de hecho la condición para una próxima dinámica de transición⁹.

Este patrimonio, es la expresión de la seguidilla ininterrumpida de conflictos sociales más o menos violentos, a veces abiertos a veces disimulados, oponiendo el imperialismo y la burguesía a un movimiento popular que la represión más feroz nunca pudo hacer callar por mucho tiempo. Fue en estos precisos momentos, que al estar planteado el problema de la salida de una situación insostenible tanto para uno como para el otro de los grupos sociales antagónicos, la consigna de gobierno obrero-campesino fue levantada, defendida y propagada por amplias fracciones del movimiento popular. Es esta tradición que da otro contenido, otro alcance a la actual situación, pero más globalmente a la historia de la Bolivia contemporánea que realza cualitativamente el alcance de los conflictos sociales que se han librado y se libran allí, y por último, da toda su fuerza a la experiencia y a los acontecimientos bolivianos del período que se extiende desde 1969 hasta 1971.

2. La riqueza de la tierra engendra la pobreza del hombre¹⁰, o la descripción de una economía dependiente y de un país semicolonial

El territorio boliviano ya no era en 1971 lo que era en el sueño del mariscal Sucre. Se extiende sobre cerca de 1,1 millones de km2 y fue amputado en muchas oportunidades en aras de los apetitos de los trusts extranjeros. El litoral pacífico, con sus minas de salitre y sobretodo su abundancia de guano, codiciado por los países capitalistas avanzados en el marco de la modernización y el crecimiento de la productividad de su agricultura, es arrancado por Chile luego de la guerra del Pacífico de 1879 a 1884. Es luego el turno de Brasil de quitar una fracción del territorio amazónico a la república andina. Finalmente, luego de la terrible guerra del Chaco (1932-35), es la Royal Dutch, compañía petrolera enfrentada con su competidora, la Standard Oil, que se apodera por intermedio del gobierno de Asunción de buena parte del Chaco boliviano, con el costo de 130.000 muertos de ambos lados. La ruta del Atlántico, por el Pilcomayo, el río Paraguay y el Río de la Plata fue así definitivamente negada a Bolivia.

El país se encuentra entonces aprisionado alrededor de tres grandes espacios tradicionales que estructuran su geografía. Las altas mesetas primero, que se escalonan entre 3700 y 4200 mts. de altitud, que se elevan entre los dos cordones de la cordillera de los Andes. Se trata del dominio de los grandes yacimientos mineros, míticos desde la explotación sistemática bajo la colonia del Cerro Rico de Potosí, el ciclo del estaño habiendo reemplazado ampliamente este Eldorado desde el inicio del siglo XX. Los Altos valles y los valles interandinos se suceden entonces hasta 1000 mts., articulando planos ecológicos tan diferentes como los quechuas y los yunkas. Luego vienen las llanuras orientales que no se elevan por encima de los 400 mts, adosándose al piamonte amazónico.

Sobre este vasto territorio con una densidad media relativamente débil viven en 1970, según las estimaciones, entre 3,95 y 4,8 millones de habitantes. Estas cifras ocultan, sin embargo, importantes contrastes ya que los Altas Mesetas que sólo representan el 16% del territorio concentran el 50% de la población. Este porcentaje asciende al 80% si se le añade los Valles que casi sólo representan el 14% de la superficie total. Desde los años 60, se nota además un peso creciente de La Paz en el plano demográfico, concentrando ella sola el 10% de la población total, lo que tendrá importantes repercusiones políticas en el curso del trienio revolucionario 1969-71. Bolivia permanece sin embargo como uno de los países de América Latina ampliamente rural en los años 70, con sólo un 34% de ciudadanos^11.

La población se distingue también por cierto número de contrastes y divisiones tan rígidos que los contornos étnicos parecen adherir estrechamente a las estructuras de clase del país. Se podría así dividir la población en tres categorías desiguales, tanto por su peso demográfico como por su rol y su importancia económicas. Por un lado se situaría la población de origen europeo o criollo, apenas 10% de la población nacional, en el seno de la cual se agrupa lo esencial de los sectores dominantes cuyos intereses, se trate de la burguesía minera, industrial o agroexportadora, conservan relaciones estrechas y se compenetran. Los 20 a 25% de mestizos constituyen la base de la pequeño burguesía urbana. Se trata de una capa social altamente sensible a la coyuntura económica y estrechamente dependiente de las prebendas del estado. Hasta las grandes reestructuraciones del aparato estatal por la implementación de políticas liberales, la clase media brindó el ejército de reserva de un funcionariado tan abundante como diversificado. Ella entonces, tiene tendencia a ocupar todas las escalas intermedias y subalternas de la sociedad. Finalmente vienen los 65 a 70% de indígenas aymarás y quechuas de donde sale la mayoría del campesinado, la clase obrera en el seno de la cual se destacan los mineros y los pequeños comerciantes y artesanos cuyo status económico es frecuentemente inferior al de los trabajadores asalariados¹².

Después de un panorama geográfico y demográfico, es frecuentemente habitual desmenuzar una dolorosa sucesión de indicadores sociales que ubican a la Bolivia de 1960 y 1970 –y lamentablemente aún hoy- en el rango de los países más pobres del continente. El crecimiento natural de 2.4% es allí relativamente bajo en relación a los países limítrofes que, en esta misma época, operan su transición demográfica. Esta cifra se debe a una mortalidad muy elevada que hace estremecer en lo que se refiere a los datos relativos al sector minero relativamente fiables en la medida en que los mineros de COMIBOL representan el único sector popular beneficiado por un muy modesto encuadramiento social. En los campamentos, la tasa de mortalidad infantil en el primer año alcanza el 50% mientras que del 36 al 45% de los niños menores de cinco años mueren de tuberculosis. La esperanza de vida media nacional es de 50 años. Esta cifra oculta sin embargo, enormes disparidades tanto en el plano social como de categorías y geográfico. Así, la esperanza de vida se eleva a 58 años en La Paz, contra 42 en las zonas rurales de colonización del Alto Beni y desciende a 35 años en los campamentos mineros de los Altas Mesetas. Sólo se trata allí del reflejo de las condiciones de superexplotación de los trabajadores de las ciudades, de las minas y del campo en Bolivia y más directamente de la situación del sistema de salud pública, uno de los más deficientes de América Latina. En la época, sólo se cuenta con un médico para 3250 personas y 1,5 camas de hospital para 2000 habitantes. Esto, además, sólo da cuenta de una imagen parcial e inexacta de la situación real. La mayoría de los profesionales y de los equipamientos se encuentran efectivamente concentrados en la ciudad. La población boliviana sufre además en su conjunto de subalimentación. El consumo medio por día y por habitante en los años 70 es de 2000 calorías por cada 15 gramos de proteínas contra respectivamente 3000 calorías y 80 gramos en los países occidentales en la misma época. Finalmente, el analfabetismo, otro indicador y síntoma social, disminuyó en porcentaje pero sigue siendo más importante en valores absolutos que antes de la Revolución de abril. Mientras que esta plaga toca en 1970 al 70% de la población en edad escolar, solamente el 6% de los indígenas saben leer y escribir. Se encuentra aún en este caso una superposición de estratos étnicos-culturales que corresponden a un contenido de clase fuertemente marcado.

La lista podría alargarse indefinidamente. No se trata sin embargo de intentar hacer aquí la demostración de cualquier fatalidad tercermundista pesando sobre Bolivia. Esto equivaldría a caracterizar a Bolivia como un país subdesarrollado, seguramente, pero en vías de desarrollo según la terminología oficial de las instancias económicas internacionales y de sus ideologías desarrollistas, y entonces con un desarrollo prometido al igual que los otros países avanzados. El ingreso nacional medio per capita se eleva en 1970 a $160 por año. Esta cifra que hace de Bolivia el segundo país más pobre de América detrás de Haití, con $75, oculta más desigualdades irritantes del ingreso. Sin embargo, sólo se trata del status económico de la Bolivia de la época, país destinado al no-desarrollo en el marco de su desarrollo económico desigual y combinado de país semicolonial.

La República andina por mucho tiempo simbolizada bajo la Colonia por la ciudad de Potosí es:

(...) un país rico, pero paradójicamente, habitado por gente pobre. La división internacional del trabajo lo ha relegado al papel de simple productor de materias primas, entre las cuales el estaño es su principal aporte a la economía mundial¹³.

Incluso, Bolivia no dispone de un tejido industrial nacional propio, o consecuentemente bajo forma embrionaria. El país no conoce ninguna dinámica de industrialización, esta es la única herencia de los países donde:

(...) es más fácil obtener grandes utilidades con el trabajo de la simple extracción minera [o de cualquier materia prima], sobre todo cuando se cuenta con una mano de obra de bajo costo¹⁴.

Los recursos naturales del país sin embargo, son muy importantes. Al lado de un potencial agrícola muy grande, se cuenta con posibilidades de desarrollo del sector hidroeléctrico, la explotación de la emanación de los hidrocarburos y evidentemente la de los minerales de todas clases. Se trata de riquezas paradójicamente muy poco explotadas, cuyo impacto económico es muy poco visible para la población nacional. En los años 70, la economía depende de hecho estrechamente de la venta de minerales en estado bruto provenientes del subsuelo que representa en valor el 91% de sus exportaciones. Sólo el estaño representa un 61% de las exportaciones nacionales.

La estructura del empleo no está ligada sin embargo a la importancia del sector minero en el seno de la economía del país. Efectivamente, el país sólo cuenta a fines de los años 60 con 50.000 mineros y 100.000 asalariados en la industria manufacturera (fabriles) mientras que más del 60% de la población subsiste del trabajo del suelo y de la crianza de ganado en menor medida. El peso de un sector primario agrícola arcaico, que reposa en un sistema de explotación ampliamente parcelario y bastante poco integrado en su conjunto a la economía monetarizada, acarrea una desocupación crónica y un subempleo endémico que fuerza a los campesinos al éxodo hacia las ciudades, las minas o bien a las zonas de colonización, la región de Santa Cruz de la Sierra o a países limítrofes. Se trata del reflejo de una falta de productividad y de modernización de las estructuras dominantes de la economía, el sector primario fuera de las actividades extractivas estando allí sobre representada con relación a su rol minero en el seno del PNB, lo que implica una ausencia de industrialización viable que contribuye a hacer perdurar este estado de hecho.

Se constata así fácilmente la importancia del sector primario en la estructura del empleo que va a la par del peso de la pequeña propiedad parcelaria junto al gran latifundio que la reforma agraria de agosto de 1953 no liquidó. Bolivia no es, sin embargo, el país de las estructuras feudales o semifeudales que algunos describen. Jean-Pierre Lavaud afirma así:m“(...) que no existe actualmente [al inicio de los años 70] burguesía nacional”¹⁵. Esto contradice en parte lo que él dice en su estudio:

Sorprende quizás que en las tres clases que hemos mencionado [el campesinado, el proletariado urbano y minero, y la pequeño burguesía] ningún lugar sea reservado a la burguesía. Existen efectivamente personas ricas, pero son poco numerosas (...) La mayor parte son grandes comerciantes que juegan el rol de intermediarios entre los trusts extranjeros, más particularmente norteamericanos y Bolivia. Ellos dependen entonces económicamente de los países avanzados¹⁶.

Son precisamente estos grupos sociales dominantes los que son responsables de la situación económica del país, que no podría ser atribuida a un déficit de los recursos naturales. Estos sectores han nacido como la expresión económica, social y política de un modo de desarrollo económico desigual y combinado. Por un lado subsiste un vasto sector del campesinado marginalizado, y por el otro, un tejido económico moderno en el seno del cual la industria extractiva juega un rol preponderante. Estas dos tendencias se interpenetran y están en las manos de la misma clase, latifundista y capitalista avanzada, cuya existencia reposa en la falta de cumplimiento de sus tareas históricas, debido a su sujeción y colaboración con el capital financiero extranjero: la revolución democrático burguesa y la reforma agraria. Las dos grandes tendencias existentes en el seno de los sectores dominantes pueden a veces tener intereses divergentes y contradictorios. Su modo de dominación política y económica es sin embargo el mismo, como lo muestra su unión sagrada de agosto de 1971 contra el movimiento de masas y la Asamblea Popular. Estas dos tendencias de la burguesía nacional dependen de las mismas prebendas, de los mismos financiamientos de un Estado que ella misma puso en pie, desviando el curso de la Revolución de abril de 1952, después de haber integrado la vieja Rosca y de haber suprimido los elementos más arcaicos de su modo de dominación económica y política.

3. La doble herencia de la Revolución de abril y del movimientismo

La revolución del 9 de abril de 1952 es expresión de una dinámica ambivalente. Se trata por un lado del eco boliviano que responde a las condiciones de la lucha de clases a nivel internacional. Por otro lado, se trata del agotamiento de diversas experiencias nacionalistas burguesas que conocen numerosos países latinoamericanos durante la entreguerra y luego, durante y después del segundo conflicto mundial.

Los acontecimientos de abril de 1952 son así los síntomas de la extensión de la oleada revolucionaria que se desplaza de los países centrales liberados por los aliados, donde toda protesta es contenida por las fuerzas presentes conforme a los acuerdos de Yalta y Postdam, hacia la periferia capitalista. La debilidad de los imperialismos tanto vencedores como vencidos, deja por un momento el campo libre a la expresión política del mundo colonial y semicolonial. Esto se traduce en lo esencial a través de las revueltas en las colonias cuya expresión más elevada es sin duda la independencia de la India en 1948 y la revolución china de 1949. Por otro lado, los períodos de entreguerra y luego de la Segunda Guerra Mundial, condujeron a los ciclos productivos no despreciables de desarrollo industrial de una parte de los países periféricos. Esto ha dado lugar a la creación de diferentes regímenes nacionalistas burgueses. Los ejemplos latinoamericanos más conocidos son los de Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil, Perón en Argentina y Toro, Bush y Villarroel en Bolivia. Frente al despliegue sin precedentes del imperialismo norteamericano, a la debilidad relativa de una burguesía nacional fuertemente dependiente del exterior y al peso considerable de un joven proletariado combativo¹⁷, estos gobiernos adoptan una política dual. Están dispuestos a realizar un cierto número de concesiones en dirección al movimiento popular, para neutralizarlo mejor en tanto que potencialidad revolucionaria, pero de tal manera de tener mayor apoyo para estar mejor para negociar un margen de maniobra más importante con respecto al capital extranjero, desprendiéndose relativamente de su opresión¹⁸.

Bolivia no se recuperó de la derrota del Chaco. Esta guerra sangrienta -tres largos años de combate (1932-35) en una región árida y xerófila donde el soldadito guaraní y el voluntario coya del Altiplano muertos de sed más que bajo las balas enemigas- dejó al desnudo las contradicciones, la incompetencia y la inviabilidad del viejo régimen de la Rosca. Se trata del régimen de los barones del estaño que fundan su dominio sobre la explotación impiadosa del trabajo de los inmigrantes indígenas concentrados en los campamentos de las Altas mesetas. A estos se le agregan los grandes propietarios latifundistas con los cuales comparten los mismos círculos de relación e intereses similares de estabilidad, cuando no se trata de las mismas personas. Los gamonales¹⁹ conservan sus privilegios seculares manteniendo a los indígenas en un estado de servidumbre feudal en la medida en que las relaciones entre los empleadores y la masa de los peones se caracterizan por relaciones no asalariadas, el pongueaje²⁰.

Frente a la usura de la Rosca, la postguerra del Chaco ve sucederse a la cabeza del país a jóvenes militares con discurso socializante y populista. El último es el general Gualberto Villlarroel que gozaba del apoyo del M.N.R. (Movimiento Nacionalista Revolucionario fundado por el doctor Víctor Paz Estenssoro) así como de otros sectores nacionalistas reagrupados en la corriente masónica RADEPA (Razón de Patria). Es volteado en 1946 por un amplio movimiento popular recuperado por la Rosca que asegura su permanencia durante otros seis años, el “sexenio”, con la colaboración del P.I.R. (Partido de la Izquierda Revolucionaria alineado con Moscú).

Un levantamiento militar se realiza el 8 de abril de 1952. Lo que debía ser sólo un golpe militar de los sectores nacionalistas burgueses opuestos a la Rosca se transforma, por una participación contradictoria de las masas populares, en una verdadera revolución en la medida en que los trabajadores urbanos (fabriles) y los mineros intervienen en forma autónoma y decisiva volteando al gobierno militar del gral. Ballivián. El ejército es derrotado y disuelto de facto por los trabajadores en armas, organizados en milicias obreras mientras que el estado desapareció en la tormenta. La COB es rápidamente fundada bajo la iniciativa del militante porista Miguel Alandio Pantoja unificando a las direcciones dispersas de los sindicatos bolivianos, pero dando protagonismo a su base por la enorme mayoría de los trabajadores urbanos y mineros, sindicalizados o no, que controlan en un primer momento su funcionamiento. También, aunque

(...) la [dirección de la] COB se sitúa (...) claramente a la derecha del estado de ánimo de las masas (...) su ascenso es tan violento que ningún control burocrático es posible (...). De hecho la significación de la COB al día siguiente del 9 de abril es eminentemente contradictoria: ella materializa en una poderosa organización la fuerza del proletariado pero le permite a los dirigentes sindicales canalizarla y controlarla en una etapa ulterior. Ella es en potencia la posibilidad para la burocracia del MNR de contener el movimiento (...)²¹

Desde los primeros momentos de esta revolución obrera inesperada, se llama rápidamente a Víctor Paz Estenssoro desde el exilio. El goza de un prestigio considerable a los ojos de las masas populares, incluso en el sector más avanzado de la revolución, estos que habían suscrito a los principios de autonomía de clase de las Tesis de Pulacayo²² Aprovechando la falta de iniciativa de los trabajadores en arma, empujado sin embargo por la presión popular, Paz Estenssoro decreta la nacionalización de las grandes compañías de estaño, pero con indemnización²³. El MNR logra de la misma forma implicar a la FSTMB en la gestión de la COMIBOL –creada en octubre de 1952- a través del mal denominado “control obrero”. José Villa saca de esta experiencia las conclusiones siguientes.

El directorio de la COMIBOL estaba dirigido por Carbajal (el primer Secretario General de la FSTMB), y dos de sus siete directores eran nombrados por la FSTMB. Estos últimos no eran elegidos con mandato, y no eran revocables por las asambleas de base. En realidad, este tipo de ‘control obrero’ apuntaba a hacer que los obreros participaran en la administración de la empresa con el fin de evitar que hicieran huelgas, y para hacer que se deslomaran trabajando en beneficio de ‘su’ compañía. El control obrero significa que los obreros supervisan la administración de la empresa como parte de la lucha por controlar la sociedad en su conjunto. Pero cuando éste es ejercido por los burócratas, sin ningún control por parte de las bases, se convierte en integración de un sector de los obreros en la administración de la empresa²⁴

Siguiendo una política similar en el plano político, constituyendo y asegurando una estabilidad relativa en su gabinete, Paz se dedica desde los primeros momentos de la revolución a neutralizar la fuerza de la COB, verdadero segundo poder mientras que el estado burgués intenta reconstituirse. Propone en este sentido cargos ministeriales a los dirigentes y burócratas sindicales, apoyándose en el prestigio de Juan Lechín Oquendo, líder político obrerista de primer orden a la cabeza de la izquierda del MNR pero cuya audiencia llega incluso hasta algunas franjas del POR (Partido Obrero Revolucionario). Analizando las oscilaciones del gabinete de Paz Estenssoro, que se ve obligado en el curso de estos primeros meses de presidencia a acordar el derecho a voto al conjunto de los bolivianos, a validar en los hechos la disolución del brazo armado del estado, a nacionalizar las minas, Pierre Broué lo define como:

(...) un gobierno de tipo “bonapartista”, que se apoya en un equilibrio entre el ascenso antagónico que ejercen las masas bolivianas por un lado, y el imperialismo por el otro. Expresión de la debilidad de la pequeño burguesía nacional, el gobierno del MNR oscila entre los dos polos e intenta utilizar uno contra el otro. Ante imperialismo le hace valer su control sobre el movimiento obrero boliviano; ante las masas bolivianas promete grandes cosas, pero subraya que es el intermediario necesario para aplicar en buenas condiciones el plan económico. (...) La maniobra tiene éxito, las masas se desmovilizan, el gobierno [COB-MNR] ganó el primer round²⁵.

A pesar del reflujo obrero y de la burocratización de la COB, en el curso de las primeras semanas de 1953, es el campesinado hasta ahora silencioso que ocupa el primer plano de la escena política y social. La “(...) movilización [del campesinado aymará y quechua] ha sido mucho más lenta, se demostró una vez comenzada más profunda y sobretodo más difícil de canalizar y frenar”²⁶. Surgen las primeras milicias campesinas creadas con el apoyo de la COB. En el valle de Cochabamba las primeras ocupaciones salvajes y violentas se multiplican con el apoyo del POR sin esperar los decretos del gobierno, hasta el momento más permeable a los gamonales y grandes propietarios de la Rosca. En agosto de 1953, el decreto de la reforma agraria es adoptado junto con una prohibición formal a la ocupación y al reparto espontáneos y salvajes de las tierras. De la misma manera, los créditos desbloqueados destinados al campesinado son rápidamente monopolizados por propietarios medios que continúan acaparando de hecho inmensos territorios así como por los grandes propietarios del departamento de Santa Cruz. El fin del pongueaje no libera sin embargo, al campesino de otra forma más insidiosa de dependencia, el pongueaje político. Esto vuelve a ligar al movimiento campesino mediante sus caciques sindicales al estado movimientista a través de una estrategia de cooptación que implica un cierto número de prebendas y ventajas.

Después de un lento proceso de neutralización del curso revolucionario de los acontecimientos, de reconstrucción progresiva del ejército y de disolución de las milicias obreras y mineras, de utilización del campesinado contra el movimiento obrero cuando la colaboración del aparato burocrático de la COB ya no era suficiente, el MNR retrocede y se orienta cada vez más hacia una política de adecuación a los apetitos y las deseos del gobierno de Washington. El Plan Eder y el Plan Triangular, la adopción del Código Davenport bajo la batuta de Juan Lechín son por lo tanto medidas que apuntan a favorecer la estabilidad económica a costa de las masas urbanas y rurales, facilitando la penetración del capital extranjero en la economía nacional. También cuando el gral. René Barrientos toma el poder el 4 de noviembre de 1964, se trata de la continuidad bajo la forma de un gabinete militar y gorilista de la política de los últimos años del gobierno del MNR.

El golpe de estado de Barrientos, vicepresidente de Paz Estenssoro, reelecto en agosto de 1963, apunta al enfrentamiento abierto con el movimiento obrero que vuelve a levantarse e intenta resistir el viraje proimperialista de la política movimientista a partir de 1957-58. [27] El putch da nacimiento a un régimen profundamente reaccionario que se caracteriza por la militarización de los lugares de trabajo, especialmente los centros mineros, el aplastamiento de los sindicatos cuando sus direcciones rechazan integrarse al régimen, una represión feroz como la masacre de San Juan en la madrugada del 24 de junio de 1967 en Siglo XX, la liquidación de los dirigentes políticos y sindicales como Isaac Camacho, César Lora, José Aguilar, una lucha despiadada contra los primeros focos de guerrilla. Barrientos se asegura por otro lado, un cierto apoyo a través del sistema clientelar que implica la puesta en marcha del Pacto militar-campesino.

Sin embargo, luego de la muerte de Barrientos en abril de 1969, las masas populares bolivianas van a levantarse en forma inesperada siendo el eco andino del movimiento de ascenso popular que conocían los cinco continentes, tanto al este como al oeste. Las primeras brechas son abiertas durante el ínterin asegurado por Hernán Siles Suazo (desde abril hasta septiembre de 1969), luego bajo el gobierno de Alfredo Ovando (desde septiembre de 1970 hasta octubre de 1971), semejante a su homólogo Velasco Alvarado del Perú, y bajo el gabinete torrista (de octubre a agosto de 1971) que sueña con una Unidad Popular a la boliviana. Es en este momento que el asentamiento político y económico de las clases dominantes locales y el imperialismo comienza a vacilar. Su hegemonía es puesta en crisis por la irrupción progresiva, autónoma e independiente en el primer plano de la escena social boliviana de amplias capas de la población hasta el momento “a” o “pre” políticas. En el transcurso del trienio, que se extiende desde 1969 hasta agosto de 1971, estas fracciones crecientes se unen y agrandan las filas más avanzadas del movimiento popular que Lora describe en forma paradigmática durante las jornadas de enero de 1971:

En octubre de 1970 se inicia una vigorosa movilización y organización de las masas; en el lapso de 60 días se había modificado profundamente la fisonomía de éstas. El 10 de enero de 1971 el gobierno anunció el descubrimiento de un complot fascista. El gorilismo no dejó de conspirar ni un solo minuto, pero el torrismo buscaba que las masas identificasen, como querían nacionalistas y stalinistas en general, rechazo del fascismo con apoyo incondicional al gobierno.

Las masas rápidamente dieron su respuesta: ganar las calles para aplastar a los fascistas y lanzarse a estructurar el gobierno propio de los trabajadores, lo que suponía superar políticamente al débil régimen torrista. Los mineros, armados de dinamita y de unos pocos fusiles, se lanzaron hacia La Paz, que virtualmente fue ocupada por ellos. La masa ululante se apostó en la histórica plaza Murillo y entabló un acre diálogo (muchos dijeron descortés) con el presidente de la república, cuyos slogans nacionalistas fueron rechazados por los manifestantes... Las consignas dominantes eran “armas al pueblo”, “gobierno obrero”, “¡viva el socialismo!”, “¡fusilamiento de los gorilas!”, etc. Torres pronunció un titubeante discurso, lleno de contradicciones muy difícilmente pudo hacerse entender en medio de las protestas, los silbidos y las risotadas. Cuando en cierto momento, buscando ganar algunos aplausos ofreció la “participación popular” en el gobierno, los trabajadores le respondieron que ellos exigían un gobierno obrero y la implantación del socialismo²⁸.

La situación de crisis se vuelve patente con la emergencia de este tercer protagonista: el movimiento popular, es decir, minero, obrero, campesino y universitario. La historia boliviana no se reduce en el transcurso de este período convulsivo al simple enfrentamiento entre las clases dominantes y su gobierno, sea cual sea su estructura aparente, más o menos democrática y represiva o reaccionaria en función de la situación. Lo que prima ante todo, incluso en el caso de los gobiernos Ovando y Torres, es la defensa de la gran propiedad privada nacional y sobretodo extranjera de los medios de producción. Y es esto, en última instancia, lo que caracteriza la naturaleza de los regímenes sucesivos. [29] También cuando emerge esta tercera fuerza, se asiste al surgimiento de los olvidados de la historia, que ya no actúan en un estado pasivo mediante delegaciones de poder, por la sustitución, a través de mediaciones de todo tipo –sindicatos y partidos políticos tradicionales, más o menos integrados, a escala diversa, al estado en período de “calma” social. La diferencia cualitativa reside en que esta fuerza social, una vez constituida como tal, tiende a expresarse consciente de sus propios intereses.

Bolivia atraviesa en el curso del trienio la crisis económica, política y social de las capas dominantes, de sus instituciones y sus gobiernos, contexto común a otros países del Cono sur que conocerán con mayor o menor intensidad la mano de hierro entre la reacción y el movimiento popular. La diferencia cualitativa del proceso boliviano 1969-71 reside en que las masas tienen una rica experiencia esencial, la de la revolución de 1952 y la multiplicación en el curso del trienio de embriones nacionales y locales de doble poder: comando político de la clase trabajadora y del pueblo, asamblea popular, comités revolucionarios y otros comandos revolucionarios. El movimiento popular boliviano hizo la experiencia de los gabinetes nacionalistas revolucionarios civiles, la experiencia del co-gobierno que los condujo a la austeridad económica como testimonio de la impotencia de estos gobiernos MNR a realizar la liberación nacional, allanándole el camino a la reacción barrientista. El Comando político, luego la AP y todas sus expresiones locales y regionales, tendieron así a transformarse en el curso del trienio en una fuerza independiente e incontrolada de los gobiernos Ovando y Torres. ¿Por qué, sin embargo, el peso que sus órganos adquieren en la dirección política del país no se ha transformado jamás en una dominación de clase efectiva, a través de la instauración de un gobierno obrero-campesino, objetivo declarado del XIV Congreso de la FSTMB, del IV Congreso de la COB, del Comando político y de la AP? ¿Por qué este mismo movimiento popular constituido a través de las luchas sociales del período 1969-71 y que se cristaliza a través de la experiencia de la AP no pudo transformar la dirección política que parecía ejercer sobre la sociedad, en una dominación política de clase esbozando la perspectiva del gobierno obrero-campesino, única salida progresista y única defensa frente a la amenaza reiterada de putch fascista?

La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos formas: como dominación y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante sobre los grupos adversarios que tiende a liquidar [como clase] o a someter por la fuerza armada, y es dirigente de los grupos vecinos o aliados. Un grupo social puede y debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental. Es esta una de las cuestiones principales para la conquista del poder; después cuando ejerce el poder y aunque si lo tiene férreamente en sus manos, se vuelve dominante, pero debe continuar siendo dirigente³⁰.

Se trata de una trágica dicotomía, que el movimiento popular ya había vivido durante las jornadas de abril de 1952 y que no supo superar en el curso del trienio. La cuestión de la no adecuación entre dirección política y dominación de clase nos reenvía a dos cuestiones. ¿A pesar del alto grado de la radicalidad de la lucha de clases en Bolivia, la derrota del movimiento popular, es decir del movimiento obrero, campesino, estudiantil y más globalmente de las fuerzas progresistas, se explica por razones objetivas, en función de una relación de fuerzas insuficiente, o más bien por criterios políticos subjetivos, relativos a las carencias y deficiencias de los partidos políticos y de las organizaciones que supuestamente representan a este movimiento popular en marcha?

Se volvería así casi, a la luz de la derrota política y militar del movimiento popular de agosto de 1971, a cuestionar el carácter del proceso. Se piensa entonces inmediatamente, como contrapunto a las luchas radicales, obreras campesinas y estudiantiles, libradas al margen de la legalidad, a las luchas políticas y a las demostraciones de fuerza de las manifestaciones populares en el curso de las cuales los fabriles y mineros que tienden a armarse juegan un rol preponderante. Se piensa por supuesto en la parálisis de la producción y en la polarización política durante los movimientos de huelgas que ilustran las palabras de René Zavaleta Mercado afirmando que “en pocos lugares del mundo es tan acabada la centralidad obrera como en la implantación de lo nacional popular en Bolivia”³¹. Analizar el proceso boliviano y las luchas sociales que se desprenden de él sólo puede hacerse a la luz de las tentativas y de las experiencias de independencia de clase y de autonomía obrera que surgieron en el curso de los acontecimientos, siendo la más conocida la AP de La Paz que no debe, sin embargo, esconder la multitud de experiencias locales ni la dinámica de la radicalización.

Juzgar el carácter revolucionario de la situación no consiste en resolver la cuestión en forma partidaria, a priori, en función de un cierto número de criterios parcelarios. No se trata tampoco de contentarse con saludar la radicalidad de la resistencia popular en forma abstracta, inclinarse frente al coraje de amplias fracciones del movimiento popular en nombre de una excepcionalidad boliviana que esconde las particularidades regionales en juego del proceso, aislándolo a un simple particularismo andino. Si es verdad que el rasgo más incuestionable de un proceso revolucionario es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos, entonces la experiencia boliviana debe ser considerada a través de un prisma de análisis que tenga como hilo conductor el impacto político, económico y social del surgimiento autónomo e independiente del movimiento popular en la escena de la historia durante estos tres años.

Se trata de analizar por un lado las resistencias de la base al compromiso de sus aparatos dirigentes en colaboración con los gabinetes nacionalistas de izquierda en nombre de la más amplia unidad de las fuerzas progresistas. Esto nos lleva a estudiar cómo fueron superados los marcos tradicionales de lucha, dando nacimiento a nuevos organismos, más cercanos a los trabajadores, tendientes a unificar en función de objetivos comunes el descontento social policlasista detrás de la centralidad obrera. Estos organismos más sensibles a las aspiraciones populares pueden entonces llegar a oponerse a las direcciones políticas y sindicales tradicionales. Es importante recalcar en esta misma veta el conjunto de las tendencias a la apropiación por los actores sociales mismos, de toda una esfera económica, social y política que les era extraña hasta el momento. Por últimos es necesario poner de relieve todas las fricciones y oposiciones más consecuentes entre el poder legal y el poder de hecho, lo que nos lleva a analizar una situación social bajo el ángulo de la génesis de todas las formas nacientes y estructuradas de doble poder, a través de la perspectiva gramsciana que une la cuestión de la dirección política con la de la dominación de clase.

En función de los intereses políticos en juego, de la importancia del proceso boliviano que fue durante mucho tiempo ocultado por otras experiencias menos radicales o acabadas del Cono sur y de la zona andina, no es fácil esbozar un cierto número de pistas de lectura tan científicas como posibles para apreciar y comprender la naturaleza revolucionaria de las convulsiones del trienio de 1969 a 1971. A eso se le agrega una cierta carencia de estudios, especialmente universitarios, sobre este período, a lo que se le superpone un problema de fuentes. Frecuentemente destruidas por el golpe de estado, contribuyendo a acentuar el aislamiento de las fuerzas progresistas bolivianas, los documentos directos y contemporáneos están evidentemente marcados por los acontecimientos y el punto de vista social y político adoptado. La relativa carencia de estudios se explica además por el hecho de que toda una fracción de poseedores de la memoria viva, obrera, campesina pero también universitaria del proceso ha caído bajo las balas del putch y luego en las cárceles del régimen de Banzer. Sin embargo, en el marco de los procesos de los años 1970 y de los acontecimientos más recientes que han sacudido y sacuden hoy violentamente Bolivia así como el resto del continente, por el carácter paradigmático y simbólico del movimiento popular boliviano de 1969-71, rico en enseñanzas, es necesario intentar comprender y analizar la naturaleza del trienio revolucionario en el curso del cual los productores demostraron que eran capaces de tomar su destino en sus manos.

Cronología indicativa desde 1946

Según CHENAIS François y Catherine, “Introducción y notas”, en LORA, Guillermo, "Del nacimiento del POR a la Asamblea Popular", EDI Ediciones, París, 1972.

1947-1952: Los seis últimos años de la rosca, el Sexenio

1946 (julio) -1947 (agosto): Presidencia interina de Monje Gutiérrez.

1946 (noviembre): Adopción de la Tesis central de la FSTMB (Federación Sindical de los Trabajadores Mineros de Bolivia), llamada Tesis de Pulacayo.

1947 (agosto)-1949(mayo): Presidencia de Herzog.

1947 (enero): Masacres de Potosí ordenadas por los ministros del PIR (Partido de la Izquierda Revolucionaria, pro-Moscú)

1947 (junio-julio): Formación del Bloque minero parlamentario FSTMB-POR (Partido Obrero Revolucionario, trotskista) y elección de J. Lechín, G. Lora y de otros 4 diputados y senadores en la región de las minas.

1947 (noviembre): Masacre blanca (despidos por motivos sindicales y políticos) en Catavi.

1949 (mayo)-1951 (mayo): Presidencia de Urriolagoitia.

1949: Golpe de estado abortado de inspiración MNR (Movimiento nacionalista revolucionario). Combates y masacres en Catavi-Siglo XX. Levantamiento de la inmunidad parlamentaria y expulsión de los diputados del Bloque minero en Chile.

1950: Fundación del PCB (Partido Comunista Boliviano, proveniente del PIR). Huelga general nacional. Retorno a Bolivia, trabajo clandestino y encarcelamiento de G. Lora.

1951: Victoria del MNR en las elecciones, invalidadas por el Mamertazo. Mamerto Urriolagoitia vuelve a poner en el poder a la Junta militar.

1951 (mayo)-1952 (abril): Junta militar dirigida por el militar H. Ballivián.

1952 (jornadas de abril): revolución del 9 de abril.

Los gobiernos MNR en el poder

1952-1956: Presidencia de Víctor Paz Estenssoro.

1952 (abril): Fundación de la COB (Central Obrera Boliviana). Constitución de las milicias de mineros, fabriles y luego campesinos. Entrada de Lechín al gobierno (cogobierno MNR-COB).

1952 (octubre): creación de la COMIBOL (Corporación minera boliviana) y nacionalización con indemnización de una amplia fracción del sector minero.

1952 (fin)-1953: agitación rural y levantamientos campesinos con ocupación de grandes dominios, que toman un carácter particularmente radical en el valle de Cochabamba.

1953 (agosto): decreto de reforma agraria.

1956-1960: Presidencia de Hernán Siles Suazo.

1956: plan Eder que apunta a la estabilización de la situación económica del país.

1960-1964 (noviembre): Segunda presidencia de Paz Estenssoro.

1961: plan decenal y plan triangular.

1964 (marzo): partida de Lechín del MNR y fundación del PRIN (Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista).

1964 (octubre): agitación social y huelga general de los mineros.

1964 (4 de noviembre): golpe de estado militar de René Barrientos y Alfredo Ovando.

La “Restauración” barrentista

1964(noviembre)-1966 (julio): junta militar bicéfala de los generales Barrientos y Ovando.

1965 (abril): militarización de las minas y de los campamentos mineros. Huelga general de la COB.

1965 (junio): Legislación antisindical y disolución de las principales organizaciones obreras.

1965 (julio): asesinato de César Lora y arresto de Isaac Camacho, dirigentes mineros.

1965 (septiembre): masacre llamada “septiembre” en Catavi.

1966 (julio)-1969 (abril): Presidencia de Barrientos.

1966 (septiembre): nueva ley general sobre la legislación del trabajo que reglamenta la organización sindical. Huelga de los mineros de Siglo XX y de Huanuni. Represión contra los dirigentes sindicales.

1966 (noviembre): oficialización del Pacto militar-campesino en Cochabamba.

1966 (noviembre): llegada de Guevara a Bolivia, creación del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

1967 (enero): apertura del foco del Ñancahuazu.

1967 (junio): Asamblea general de los mineros de Huanuni. Huelga general de los mineros. Masacre de San Juan en Catavi-Siglo XX.

1967 (octubre): captura y asesinato de Guevara.

1968 (marzo): huelga de los docentes y manifestaciones estudiantiles.

1968 (octubre): huelga general de los trabajadores de fábrica (fabriles) contra el estado de sitio. Tentativa de golpe de estado contra Barrientos. Huelga general de los docentes.

1969 (diciembre): rechazo por una minoría de delegados de la CNTCB (Confederación Nacional de los Trabajadores Campesinos Bolivianos, corriente oficialista) del proyecto de impuesto único del gobierno. Firma entre la CUB (Central Universitaria Boliviana) y el futuro BIC (Bloque Independiente Campesino) del pacto campesino-universitario en La Paz, que será rápidamente seguido por el pacto campesino-fabril. Afiliación del BIC a la COB.

1969 (19 de diciembre): Barrientos es recibido a piedrazos en Achacachi por campesinos opuestos al impuesto, cuya aplicación es suspendida debido a los disturbios en el Altiplano-norte.

Ovando, Torres y la Asamblea Popular 1969-1971

1969 (abril)-1969 (septiembre): Presidencia interina de Luis Adolfo Siles Salinas.

1969 (26 de septiembre): cuartelazo, una fracción de las fuerzas armadas dirigidas por A. Ovando derriba a Siles Suazo. Publicación del Mandato Revolucionario de las FF.AA.B.

1969 (26 de septiembre)-1970 (8 de octubre): Junta militar dirigida por Ovando.

1969 (6 de octubre): Día de la Dignidad Nacional. Decreto de nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Corporation. Manifestación popular de apoyo organizada por el gobierno.

1969 (noviembre): la legislación antiobrera de Barrientos es progresivamente derogada.

1969 (diciembre): COMIBOL anuncia la reincorporación de los mineros despedidos bajo Barrientos.

1970 (febrero): discurso de Ovando sobre la constitución de una tercera vía boliviana entre “el castro-comunismo y el imperialismo”.

1970 (marzo): Congreso de la FSTMB en Siglo XX.

1970 (marzo): movimiento estudiantil en la UMSA (Universidad Mayor San Andrés) de La Paz al comienzo de las clases. Inicios del proceso de la revolución universitaria.

1970 (mayo): Cuarto Congreso de la COB en La Paz y adopción de la Tesis socialista bajo el modelo de la de la FSTMB. Aplastamiento político de los partidarios incondicionales del gobierno y elección de J. Lechín a la cabeza del sindicato.

1970 (mayo): Primer Encuentro Nacional de la Juventud Universitaria en Oruro.

1970 (julio): reacción y crispamiento del gobierno por las Tesis políticas de la COB. Giro a la derecha de Ovando bajo presión del ejército. El nacionalismo revolucionario del presidente se convierte en un “nacionalismo cristiano moderado”.

1970 (julio): lanzamiento de la guerrilla de Teoponte (ELN), liquidada luego por el ejército.

1970 (agosto): ataques de la UMSA por comandos FSB (Falange Socialista Boliviana). Esta política de intimidación orquestada por el Ministerio del Interior comenzó desde el mes de junio contra los estudiantes de la facultad de Santa Cruz.

1970 (17 de septiembre): decreto de indemnización de la Bolivian Gulf.

1970 (6-8 de octubre): golpe de estado militar y triunvirato efímero de militares y gorilistas dirigido por el general Rogelio Miranda. Huelga general política convocada por la COB. Constitución del Comando Político de la Clase Obrera y del Pueblo. Acceso de Torres al gobierno.

1970 (8 de octubre)-1971 (21 de agosto): Gobierno nacionalista dirigido por el gral. Juan José Torres.

1970 (octubre): multiplicación de las condiciones por parte de la izquierda del comando político en vistas a rechazar los cargos ministeriales propuestos por Torres y a no caer en la trampa del co-gobierno de 1952.

1970 (octubre): Comienzo de las ocupaciones salvajes de propiedades urbanas y rurales, especialmente en el norte del Departamento de Santa Cruz bajo la égida de la UCAPO (Unión de Campesinos Pobres). Multiplicación de los Comités revolucionarios locales.

1970 (noviembre): aumento general de los salarios de los mineros recortados bajo Barrientos. En La Paz, primeras discusiones sobre la Asamblea Popular.

1971 (10,11 y 12 de enero): nueva tentativa golpista que fracasa por la movilización popular y la marcha de los mineros armados de dinamita sobre La Paz reclamando armas y reivindicando el gobierno obrero-campesino.

1971 (14 de enero): decreto de Torres sobre la coparticipación obrera en las grandes empresas del estado. Fracaso en el caso de COMIBOL, éxito para los trabajadores de YPFB (Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia).

1971 (enero): fin de la ocupación militar efectiva de los centros mineros.

1971 (febrero): creación de la Confederación de Colonos, afiliada a la COB, luego del levantamiento de los pequeños campesinos de las zonas de colonización que multiplicaron los cortes de ruta a finales del año 1970 y principios de 1971.

1971 (febrero): acuerdo definitivo de las organizaciones miembros del Comando político sobre los textos constitutivos de la AP (Asamblea Popular).

1971 (19 de marzo): firma del pacto minero-campesino entre la FSTMB y los Sindicatos Campesino independientes en la región de Oruro. Tales pactos se generalizan luego en otros departamentos.

1971 (30 de abril): nacionalización de la mina La Matilde por el gobierno.

1971 (1° de mayo): manifestaciones en el conjunto del país. Los manifestantes paceños se separan del cortejo gubernamental. Se reclama el gobierno obrero-campesino.

1971 (22 de junio-7 de julio): apertura de la primera sesión de trabajo de la AP. Las medidas relativas a la coparticipación mayoritaria en el seno de la COMIBOL así como aquellas concernientes a la Universidad Única bajo control obrero son adoptadas.

1971 (julio-agosto): reunión de las Asambleas populares regionales, en las regiones más combativas. Elección de nuevos delegados más radicales por la base.

1971 (julio): publicación de diferentes manifiestos en el seno de las FF.AA.B. firmados por la Vanguardia Militar del Pueblo. Llaman a la liquidación de los elementos facciosos entre los oficiales y a la constitución de un ejército popular. Crispamientos del Estado Mayor.

1971 (2 de agosto): Congreso de la CNTCB en Potosí. Reemplazo de la vieja dirección pro barrientista por jóvenes dirigentes. Rechazo del Pacto campesino-militar mientras que Genaro Flores, nuevo secretario general, intenta un acercamiento con la AP.

1971 (19-21 de agosto): levantamiento militar en Santa Cruz. Generalización del pronunciamiento en los regimientos provinciales. Manifestaciones de la COB. Violentos enfrentamientos armados en La Paz y Oruro. Las milicias populares de la capital son las últimas en resistir. Hugo Banzer, a la cabeza del FPN (Frente Patriótico Nacionalista) es amo del país.

I. EL PROCESO DE RADICALIZACION POPULAR DESDE LA MUERTE DE BARRIENTOS HASTA EL GOLPE DE ESTADO DE BANZER

El proceso de radicalización que se extiende desde 1969 hasta 1971, no es un movimiento uniforme y lineal. Concierne en primer lugar al conjunto de los sectores sociales bolivianos y reagrupa a la totalidad de los actores y no limita entonces sólo al movimiento popular. Sin embargo, es esta historia la que fue menos estudiada, más allá de los cambios de gabinetes ministeriales, gobiernos, y los cuartelazos, que no significan nada consideradas in abstracto, si no se los incluye en el prisma de una relación de fuerzas entre las diferentes clases en presencia. Este proceso boliviano implica una dinámica política en el curso de la cual los diferentes estratos y capas del movimiento popular -campesinado, clases medias bajo sus múltiples aspectos, clase obrera fabril y minera- intentan constituirse en actores sociales independientes, especialmente de sus tutores tradicionales, de las clases dominantes y de los gobiernos, incluso autoproclamados revolucionarios, todo esto en función de una lucha por intereses comunes.

Este movimiento se desarrolla sin embargo, en un lapso de tiempo relativamente restringido, a la salida de “la larga noche barrientista”, -para retomar una expresión de G. Lora-, y se exacerba en función de la radicalización progresiva de unos y de otros. El proceso mismo es desigual y heterogéneo en función de los diversos actores sociales presentes en la escena política boliviana. Algunos anticipan y actúan como caja de resonancia de las contradicciones de los regímenes sucesivos, mientras que otros tardan más tiempo en actuar³².Sin embargo, el proceso boliviano que va desde las primeras estocadas contra la fortaleza barrientista hasta la AP, proceso no mecánico, que conoce altas y bajas de la movilización, reflujos y movimientos en ascenso, va en el sentido de una radicalización acrecentada del conjunto de los sectores populares³³. Es lo que hay que estudiar en relación con los gobiernos que van a sucederse a la cabeza del país, tambaleantes, derribados, cada vez que el carácter revolucionario de la situación y el vacío de poder institucional frente al poder de facto se acentúan.

A. La situación social en Bolivia a fines de la era barrientista

Volver sobre los últimos instantes del interregno de poco menos de cinco años de la dictadura del gral. René Barrientos, puede parecer fastidioso, pero es necesario, en un plano histórico y metodológico, trazar sus grandes lineamientos para comprender la dinámica de los acontecimientos posteriores. La mayoría de los actores sociales, protagonistas individuales o colectivos del trienio 1969-71 son efectivamente los mismos que los del período de la dictadura. Paradójicamente, aquellos que fueron eliminados en el seno del movimiento popular van a pesar en la situación futura, en la medida en que el vacío de algunos dirigentes revolucionarios será un cruel handicap en el fuego de los acontecimientos y el endurecimiento de la burguesía y del imperialismo frente al cual el movimiento popular se encontrará finalmente desarmado en agosto de 1971.

Estudiar el barrientismo permite así comprender cuáles son las bases del inicio del movimiento popular, sus puntos de anclaje y sus potencialidades, tanto en el plano objetivo como subjetivo de las relaciones sociales. Desde un punto de vista puramente económico, el putch de Barrientos permitió la aplicación, incluso más allá de los proyectos negociados, de los planes de estabilización decididos bajo los gobierno movimientistas, haciendo posible la acentuación de la semicolonización del país. Esto permite especialmente la penetración acrecentada de capitales transnacionales que se benefician de una relación de fuerzas ventajosa para realizar importantes ganancias en materia de explotación de los recursos naturales a través de la emergencia del sector agro industrial. En un plano más subjetivo, los duros golpes al salario y al poder adquisitivo popular y los ataques a las condiciones de trabajo y de existencia contribuyeron a ahogar en parte toda voluntad de protesta, puesto que la situación era claramente desfavorable para las clases populares. Sin embargo, la represión que permitió contener en forma duradera, especialmente en las filas de los mineros, toda potencialidad contestataria no actuó uniformemente sobre el conjunto de los sectores sociales. Frecuentemente se quiso presentar al barrientismo como un período homogéneo de reflujo contestatario y popular para hacer olvidar el apoyo de algunos, especialmente del lechinismo y del PRIN al golpe de estado de 1964, o bien, para justificar las posiciones foquistas de otros. Nada de esto es cierto, si no sería imposible comprender el rápido ascenso del movimiento popular bajo Siles Suazo, ascenso que se confirma luego bajo Ovando. Es con esta perspectiva que se trata de estudiar los signos precursores que anuncian este movimiento en ascenso.

1. La represión no había dejado en pie la otrora poderosa COB³⁴

Barrientos encarna en cierta medida la cara autoritaria y proimperialista de la revolución nacional de 1952. Estas tendencias ya se habían manifestado antes del fin de la dominación sin reservas del ala civil del MNR de la cual Barrientos es la expresión en el seno de las Fuerzas Armadas. Siles Suazo había contribuido a llevar adelante este giro a la derecha con la adopción del Plan Eder que apunta a la estabilización económica. Paz Estenssoro acentúa esta tendencia durante su segundo mandato a través del plan decenal y el plan triangular que entra en vigor en 1961. Estas medidas de austeridad van a desacreditar progresivamente al gobierno de Paz incluso ante los ojos de las células más populares del MNR que se alinean aún más por detrás de la retórica obrerista de Juan Lechín³⁵. El descontento político es de tal magnitud que el combate faccionalista entre los diferentes caudillos ya no se limita a una lucha de influencia en el seno del MNR sino que lleva a la escisión en 1963 del PRIN. Sin embargo ni el viejo MNR tradicional ni Lechín están aptos para contener el descontento social que muestra su disgusto y explota luego de la huelga general de los mineros de octubre de 1964. La utilización de las milicias campesinas contra los huelguistas³⁶, el clima de crisis profunda y el aislamiento relativo de los mineros permite al ejército jugar su propia carta y Barrientos se ubica como último recurso para restaurar la estabilidad y pacificar la situación.

El nuevo gobierno bicéfalo Barrientos-Ovando que llega al poder después del putch del 4 de noviembre de 1964 debe librar un combate en dos frentes, en el plano socio político y económico. Se trata en principio de terminar, militarmente si es necesario, con los bastiones de resistencia a los planes económicos en curso, de tal manera de poder aplicarlos con mayor eficacia y acentuar esta tendencia. El movimiento obrero organizado está sistemáticamente desarticulado, comenzando por sus organizaciones más combativas y más activas como la FSTMB. Pero también se apunta a toda la COB. La represión barrientista procederá a la eliminación sistemática de los dirigentes obreros más reconocidos. Es una gran herida que se abre en el seno de las filas más radicales pero también de las fuerzas progresistas en general. De esta manera toda una generación de dirigentes que despertó a la vida sindical y política a finales de la era movimientista, cae bajo Barrientos. Este vacío militante se sentirá cruelmente durante los años 1969-71 durante los cuales la cuestión del reemplazo de viejos dirigentes se plantea sin que se pueda llenar este vacío. Se pensará en Federico Escobar Zapata, dirigente sindical y político de Siglo XX, César Lora e Isaac Camacho, militantes poristas de envergadura, como J. Aguilar, tipógrafo o Rosendo García Maismán³⁷. La ocupación por parte de las Fuerzas Armadas de los campamentos mineros desde abril de 1965 y la militarización en el seno de la COMIBOL se transforman en una regla. Los barrios populares de La Paz son ocupados militarmente luego del putch para detener toda voluntad de protesta³⁸. Luego de las medidas de junio de 1965 que significan la puesta en práctica de una legislación antisindical y la disolución de las organizaciones existentes, la represión se acentúa y golpea incluso a los delegados de base³⁹. El gobierno intenta luego reestructurar sobre fundamentos corporativos el antiguo edificio sindical para crear un consenso de fachada y coloca en cada unidad de producción coordinadores cooptados por la patronal y el ministerio de trabajo para encolumnar al movimiento popular. Los dirigentes sindicales y políticos están obligados al exilio como Lechín que se ve obligado a buscar refugio en Perú. Otros son librados al gobierno stroessnerista que colabora activamente con la represión, o bien son internados en campos de trabajo situados en la región amazónica donde las condiciones de vida son espantosas, como el campo de Pekín, en plena zona de Yungas. Cuando esto no alcanza, los cuerpos especiales del ejército comandan a los conscriptos para llevar adelante una represión en gran escala, como en septiembre de 1965 en Catavi donde los enfrentamientos que duraron tres días causaron 200 muertos o en junio de 1967 en Catavi y Siglo XX durante la noche de San Juan donde murieron 26 mineros y miembros de sus familias.

El gobierno, con las manos libres, acentúa entonces la política iniciada con la adopción del plan de estabilización económica bajo Siles Suazo y sobretodo con el código Davenport en octubre de 1956 acerca de la explotación de los hidrocarburos bolivianos y favorable a las compañías petroleras extranjeras⁴⁰. La ley de inversiones es votada desde octubre de 1965. Ella autoriza el establecimiento de contratos de explotación, con empresas extranjeras, de los recursos naturales bolivianos, no dependiendo más del monopolio del Estado. International Mining Processing obtiene así la concesión tan codiciada de las colas y desmontes de Catavi, es decir el derecho a recuperar los residuos mineros no tratados y los desechos de estaño de los terrenos de la COMIBOL. Siempre en virtud de la misma ley, la Philips Brother es autorizada a explota en el norte de La Paz el segundo yacimiento de zinc latinoamericano. La Matilde posee además importantes filones de plomo que harán la fortuna de la empresa. La Gulf Oil Corporation, a quien la puerta ya había sido abierta gracias al Código del Petróleo, debe atribuir concesiones gasíferas y petroleras sobre una superficie de doce millones de hectáreas, es decir los dos tercios de la zona sub-andina. La Gulf supera entonces en volumen de producción a YPFB relegada a un segundo plano. El Plan de Rehabilitación de la Corporación Minera de Bolivia que significa el congelamiento y luego de una quita del 40% del salario de los mineros de la COMIBOL, coincide menos de un año después, en junio de 1967, con el decreto de reorganización de la vida sindical de septiembre de 1966. La maniobra apunta a hacer caer los costos de producción ajustando en la masa salaria, no sólo a los mineros del estado sino también a los asalariados de las minas privadas cuyas condiciones de explotación aumentan. A pesar del conjunto de estas medidas que apuntan a delegar la explotación de las riquezas naturales, aunque las nacionalizaciones de 1952 no estén abiertamente cuestionadas, a reducir los gastos del estado, a satisfacer los intereses de la empresa privada boliviana y de las multinacionales, la deuda externa acumulada de Bolivia a finales de 1967 sobrepasa los 300 millones de dólares.

En el marco de estos ataques de conjunto que apuntan a debilitar las fracciones combativas del movimiento popular, tanto en un plano subjetivo como en el nivel de las posibilidades objetivas de lucha, el movimiento obrero está en su más bajo nivel de protesta. Como lo subrayan José Luis Alcázar y José Valdivia,

(...) La represión barrientista no había dejado nada en pie de la otrora poderosa COB (...) La clandestinidad, durante el gobierno de Barrientos había sido el camino elegido voluntaria o forzosamente por la izquierda y los dirigentes sindicales.⁴¹

En consecuencia, las únicas posibilidades de organización abierta y pública, se realizan al margen de las estructuras organizativas tradicionales y toman la forma de comités estructurados sobre una base geográfica más o menos amplia como el comité de amas de casa de Siglo XX que abre la vía a la constitución de una gran cantidad de comités de este tipo. Aunque no están estructurados sobre una base social abiertamente definida como en el caso de un sindicato, estos comités no están totalmente protegidos de la represión. En un segundo momento, después de la derrota de la huelga general de los mineros de 1964 y de la de septiembre de 1965, limitada a Siglo XX y Huanuni, el nivel de subjetividad obrera está en su punto más bajo. Las expresiones obreras que no pasan por los comités locales creados en respuesta a la legislación antisindical, intentan buscar formas de lucha que sustituyen los instrumentos propios de la clase obrera. Las huelgas sucesivamente derrotadas y el aislamiento de los mineros llevan a una minoría radicalizada a tomar el camino de la lucha armada. Bolivia es un país donde la tradición foquista está totalmente ausente por el propio peso de la combatividad obrera tradicional que llevó a la revolución de 1952. Algunos dirigentes mineros llevados por la amargura de las derrotas precedentes se unieron a las filas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) al cual se unió Ernesto Guevara después del fracaso congoleño. El resultado catastrófico que ya conocemos, sella el acto de defunción prematuro del foquismo, que en el caso boliviano estaba aislado no sólo de un apoyo urbano y obrero constituido sino también rural. El movimiento obrero boliviano se encuentra entonces en una posición de reflujo, sobretodo después de las masacres de junio de 1967 luego del fracaso de la huelga de los mineros, y esto a pesar de la tímida tentativa de los fabriles paceños de oponerse al estado de sitio de octubre de 1968.

Las primeras estocadas contra el régimen son llevadas adelante por capas sociales que no habían estado hasta el momento a la cabeza de la conflictividad social y que la represión barrientista había, en consecuencia, evitado relativamente. Se trata, por lo tanto, de señales de anticipación que anuncian la recuperación de la combatividad obrera y minera. Estos primeros indicios actúan como caja de resonancia de las contradicciones sociales del país, se expresan a pesar de una oposición obrera desarticulada.

2. La base campesina resquebrajada

Se ha visto como el ala militar del MNR supo apoyarse sobre las estructuras del sindicalismo campesino, especialmente sobre sus milicias armadas, para asentar su dominación y restablecer la “paz social” en los pozos de minas y las fábricas después del golpe de estado de 1964. Puede parecer paradójico a primera vista que el sindicalismo campesino nacido de la revolución de 1952 –apoyado por la COB así como por la FSTMB en las zonas mineras que ofrecen un apoyo logístico y político al nacimiento del movimiento- se haya transformado en una fuerza auxiliar del estado⁴². Pero es justamente la redistribución parcelaria de la tierra nacida de la satisfacción de las aspiraciones en la Reforma agraria de los campesinos que se encuentra el origen de esta desviación. El pongueaje tradicional es reemplazado por el pongueaje político del MNR. El patron-taytay⁴³ es substituido por el estado y el INRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria) que desposeyó políticamente a los campesinos de la reforma procediendo a una redistribución burocrática de la tierra donde el campesino se ha vuelto a encontrar en una situación de pasiva dependencia con relación al gobierno. El MNR va a aprovechar para transformar algunas de las 20.000 estructuras sindicales nacidas después de 1953 y que organizan a medio millón de campesinos en un movimiento para-estatal. El control vertical del partido-Estado sobre los sindicatos de ayllus vacíos de su contenido democrático hace su aparición, al mismo tiempo que es instaurado el caciquismo político ligando los dirigentes campesinos al gobierno a través de múltiples resortes estatales -municipalidades, prefecturas, cooperativas– que convergen al final en el Ministerio de Asuntos campesinos, pieza maestra de control de los campos bolivianos por el Palacio Quemado. Como subraya Silvia Rivera Cusicanqui, una vez satisfechos los objetivos de redistribución de la Reforma agraria, los sindicatos y las milicias campesinas se convierten en los suplentes de un Estado que tarda en reconstruir su ejército –con la ayuda del Pentágono- y se encuentra expuesto a un movimiento obrero en plena radicalización. La CNTCB (Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia) se afirma como apoyo incondicional de los sucesivos gobiernos.

El sindicalismo campesino sin embargo, no sale indemne de las luchas de facción que atraviesan al MNR y que conduce, además de a la ruptura lechinista, a su incapacidad de estabilizar la situación en 1964. Barrientos va entonces a substituir en noviembre de 1966 el Pacto militar-campesino por la relación anterior sindicatos campesinos-partido-Estado. Se trata de una estructura institucional impuesta verticalmente por los burócratas sindicales, los dirigentes de las cooperativas, los representantes al parlamento de la Brigada campesina pero que encuentra igualmente cierto eco en la base. El pacto se ve fortalecido ideológicamente por la figura de Barrientos mismo que multiplica las visitas a la zona de lengua quechua, especialmente en su feudo del valle de Cochabamba y aprovecha para pronunciar discursos en la lengua vernácula⁴⁴. El control de las jerarquías superiores e intermedias de los sindicatos, hasta ese momento libradas al faccionalismo movimientista, es asegurado por las municipalidades y las prefecturas en manos de la burocracia militar.

El pacto sin embrago, no logra imponerse uniformemente, particularmente en las zonas donde las contradicciones sociales nacidas de la Reforma de 1953 son más evidentes. Se trata de los terrenos donde los pequeños propietarios están confrontados a los déficit de la parcialización, donde la presión sobre la tierra es relativamente elevada y la emigración temporaria hacia las ciudades, es muy importante. Es especialmente el caso del norte del departamento de La Paz, en las provincias de Achacachi, Pacajes, Omasuyos, Los Andes, que participaron en el levantamiento armado de 1947 y donde la tradición de la lucha campesina está fuertemente enraizada. Todo el departamento estuvo rápidamente atravesado por las jornadas de abril de 1952, organizando las primeras milicias exclusivamente campesinas al lado de las de los fabriles paceños así como los primeros sindicatos rurales.

En 1968, el gabinete de Barrientos retoma la idea de un impuesto agrario único, ya previsto bajo la segunda presidencia Estenssoro en 1963 pero abandonado debido a la ausencia de consenso en el seno mismo de las filas de la CNTCB. Pensando que tenía asegurada la confianza que le faltaba a Paz Estenssoro para aplicar la integridad del plan triangular y que necesitaba la represión barrientista para ser llevado a cabo, el gobierno de La Paz retoma la idea en 1963. En 1968, el proyecto es elaborado en acuerdo con investigadores de la universidad de Wisconsin y las estructuras de USAID. La instauración de tal impuesto directo, mientras que el campesinado no paga casi nada desde 1953, tiene como objetivo acrecentar la masa fiscal, retomar en manos del aparato administrativo por mucho tiempo subordinado a los sindicatos e indemnizar a los latifundistas expropiados, no reembolsados desde 1953. Son convocados congresos provinciales y departamentales de la CNTCB apuntando a la elección de delegados favorables al proyecto y fieles al gobierno. Los primeros desacuerdos aparecen en los congresos departamentales de La Paz y de Tarija. También se abre la primera Conferencia Económica de los Trabajadores Campesinos de Bolivia en la capital, el 5 de diciembre de 1968. Se trata de la piedra angular del sistema de propaganda. Entre el millar de participantes, no se ve ningún representante de los sindicatos de base ni de las subcentrales cantonales. El discurso del general Ovando, Ministro de los Asuntos campesinos, concluye con una enorme parrillada. Sin embargo los primeros desgarros sobrevienen cuando toda la delegación provincial de Pacajes (departamento de La Paz) abandona la conferencia, seguida el 7 por la Federación de las Cooperativas Campesinas que manifiesta así su rechazo al impuesto. Las defecciones se generalizan. Incluso si el impuesto es igualmente votado por el congreso oficialista, el 10 de diciembre una importante minoría de congresistas firma bajo los auspicios de la CUB (Central Universitaria Boliviana) el Pacto campesino-estudiantil, seguido del pacto tripartito al cual se unen los obreros de La Paz dando curso al pacto obrero-campesino-universitario.

El BIC (Bloque Campesino Independiente) sale a la luz el 11 de diciembre mientras que los delegados campesinos contestatarios bloquean la avenida Villazón de la capital. La agitación no concierne solamente a una fracción de los líderes sindicales. Ella gana la provincia donde el impuesto único siembra la discordia y resquebraja el edificio hasta el momento indemne del pacto militar-campesino. En Achacachi, luego de la marcha dominical del 11 de diciembre, los campesinos protestan contra el restablecimiento del impuesto y toman por asalto la intendencia, la subprefectura y atacan los símbolos de la tiranía barrientista liberando a los prisioneros detenidos en la localidad. Barrientos, que se desplaza en persona a Belén, ciudad próxima a Achacachi, es recibido por 2.000 a 3.000 campesinos hostiles que lanzan piedras sobre el cortejo presidencial. Frente a la defección de la guarnición y de las autoridades locales, la zona es ocupada militarmente el 19 de diciembre sin que esto frene el levantamiento. El conjunto del Altiplano Norte se une a la protesta: las provincias de Omasuyos, Pacajes, Ingavi, Murillo. El movimiento se extiende y se ramifica más allá del departamento de La Paz, hacia Oruro, las zonas de colonización del Alto Beni y la provincia de Santisteban, en el oriente boliviano⁴⁵.

Estas primeras fisuras en la fortaleza barrientista recuerdan que el potencial contestatario ha sido ciertamente ahogado en apariencia en las regiones mineras pero no desapareció en algunas zonas rurales de tradición combativa⁴⁶,en las cuales el proyecto del impuesto único juega un rol de chispa desencadenante. Los dirigentes del BIC afirman con fuerza la independencia de una minoría campesina en relación al sistema sindical de cooptación del barrientismo y su control vertical del campesinado. Es en este primer combate que emergen los líderes campesinos independientes cuyas preocupaciones políticas confluyen por primera vez, después de la noche barrientista con las del mundo universitario y docente que se despega progresivamente de la dependencia de sus tutores tradicionales y evoluciona hacia un clima de protesta y de oposición a la dictadura.

La oposición docente, universitaria y estudiantil a la dictadura, expresión de las contradicciones del barrientismo

Las medidas de austeridad que toma el gobierno golpean también a los sectores docentes y universitarios que dependen directamente del Ministerio de la Instrucción Pública. Paralelamente, los docentes se encuentran confrontados a un aumento muy relativo pero no despreciable de la población escolarizada mientras que las infraestructuras y los presupuestos concedidos por el Estado no lo siguen. La universidad está confrontada a este mismo problema mientras que toda una fracción de la clase media ve su horizonte profesional obstruido por los militares que acaparan, además de los puestos administrativos, aquellos que corresponden tradicionalmente al funcionarado⁴⁷.En tal contexto:

(...) a partir de 1967, las universidades que casi por tradición habían sido controladas por sectores liberales o reaccionarios pasaron a ser importantes centros de denuncia de la política [del gobierno barrientista^48.

De manera sintomática, 

(...) La masa católica [con importante presencia en las universidades] (...) se escindió en dos sectores claramente diferenciados. [El primero conservador] y sectores progresistas que asumieron una posición de compromiso frente a la problemática boliviana⁴⁹.

En 1969, el PDC (Partido Demócrata Cristiano) no logra controlar la agitación que atraviesa las filas de su organización de la juventud que posee un peso decisivo en el seno de las instancias representativas universitarias así como en el seno de la CUB. “Tan sólo dos años después de Ñancahuazu”⁵⁰ la mayoría militante de la juventud del PDC abandona el viejo partido para formar el PDCR (Partido Demócrata Cristiano Revolucionario). Influenciado por la ISAL (Iglesia y Sociedad en América Latina) cuyo peso en los puestos de docentes universitarios es relativamente importante así como por las tesis de Teología y Liberación, una fracción dirigente de la CUB va a evolucionar hacia el castrismo. Alcázar y Baldivia, también influenciados por la Revolución de 1959, dan una buena caracterización del fenómeno:

(...) Las capas medias de América Latina frustradas en sus aspiraciones y frenadas en su desarrollo por un sistema de dominación que limita el disfrute de la riqueza a minorías burguesas asociadas a los intereses monopólicos han encontrado en la huella del Che [y del programa del M-26-7 inspirado en las tesis del Partido Ortodoxo] el camino por su liberación (...)⁵¹.

Se trata entonces de un viraje a izquierda de parte de los sectores ya politizados de la masa estudiantil. En su fase inicial, esto sólo representa retomar el programa de liberación nacional pequeño burgués que el MNR no encarna más a los ojos de la universidad. La evolución se inscribe en un movimiento dinámico de radicalización en el seno del cual se forja una joven dirección estudiantil. Ella se hace la portavoz de las contradicciones a las cuales se enfrenta el gobierno constantemente obligado a recurrir a la fuerza para acentuar las medidas de austeridad para complacer a las intenciones de la empresa boliviana y su tutor norteamericano. Es en el seno de este sector que se cristaliza el descontento en el cual la oposición social tradicional, reprimida en 1964 y enseguida contenida, no pudo expresarse.

El fenómeno no es sólo ideológico y se traduce a través de un conjunto de movimientos docentes y universitarios, puntuales y parciales primero, pero que no tardan en unificarse enseguida a nivel nacional y que toman el relevo de las luchas obreras y mineras derrotadas en el curso de los años anteriores. La consigna de huelgas por sectores es lanzada por los docentes a partir de marzo de 1968. Las primeras huelgas estallan, implicando a los maestros urbanos y rurales con los cuales se solidarizan los estudiantes de La Paz cuyas manifestaciones son reprimidas por las fuerzas anti-motines. La huelga general docente sólo es entablada en octubre de 1968, sobre la base de reivindicaciones salariales y concuerda además con la huelga de los fabriles de La Paz contra el estado de sitio. Se ve así cómo las reivindicaciones económicas pueden evolucionar rápidamente e implícitamente hacia una clara oposición política. El ejemplo será aún más chocante luego de la colaboración activa de la CUB con el BIC permitiendo a los fabriles retomar confianza, en el momento de la adhesión del BIC a la COB, anticipando la permeabilidad de las capas radicalizadas, en ruptura con el gobierno, hacia posiciones obreristas.

Barrientos no dispone más de este consenso, construido artificialmente sobre la represión, del que se beneficiaba desde el golpe de Estado. Manifestaciones pro-gubernamentales como las de julio de 1967, en la Plaza Murillo, son en adelante impensables. Frente a una muchedumbre densa donde se podían contar numerosos estudiantes, el vice-presidente Luis Adolfo Siles Salinas había estigmatizado a los invasores castro-comunistas –se trataba de las primeras operaciones del foco de Ñancahuazu- retomando para su beneficio el “No Pasarán” de Dolores Ibarruri. En adelante, toda una fracción de esta base social de extracción pequeño burguesa ya no se reconoce más en este régimen. El aliado clave del barrientismo, el campesinado, es atravesado por un cierto número de desacuerdos que no conducen solamente a la fisura del pacto militar-campesino sino más allá, a la adhesión del BIC a la COB en estrecha colaboración con un movimiento universitario en ebullición.

La hegemonía militar vacila. Con estas primeras luchas se asiste a la emergencia de la mayor parte de los actores sociales de los años futuros. Incluso si la oposición sindical vacilante de los campesinos y de los docentes y de la universidad apunta ante todo a un cambio gubernamental, pone en crisis no solamente al barrientsimo sino también a su programa económico y a las medidas tomadas en función de los intereses de las clases dominantes locales en colaboración con los apetitos de firmas extranjeras. Los movimientos de protesta revelan ciertamente la ausencia casi total de los actores sociales tradicionales, especialmente los mineros, lo que representa cierta debilidad de la potencialidad contestataria. Los movimientos sociales que estallan bajo Barrientos no conciernen a los sectores claves de la economía exportadora. Por el contrario, ellos se colocan rápidamente en el terreno político que supera sus simples reivindicaciones económicas de un carácter defensivo tal como el rechazo del impuesto único en el caso del BIC o el pago de los salarios atrasados en lo que se refiere a los docentes. La muerte de Barrientos sobreviene brutalmente en abril de 1969 en un accidente de helicóptero. Ella deja lugar a un Estado boliviano desamparado que se encuentra frente a una crisis profunda que ha estallado bastante antes del deceso, accidental o no, de Barrientos. La dictadura había ciertamente intentado resolver temporariamente esta crisis abierta por las luchas mineras lanzadas contra las medidas de austeridad y que se habían encontrado aisladas en 1964. La situación política se invierte sin embargo, antes del fin de la dictadura tal como se pudo ver a través de la emergencia de nuevos sectores sociales que se ponen a la cabeza de un movimiento de protesta y tienden a colocarse bajo el signo de la autonomía política y de la radicalidad de los métodos de lucha.

B. El ascenso del movimiento obrero y popular

Dos gobiernos sucesivos van a intentar llevar adelante la transición luego de la muerte súbita del general Barrientos: uno esencialmente civil, el de Luis Adolfo Siles Salinas, del 27 de abril al 26 de septiembre de 1969, el otro militar, dirigido por el general Alfredo Ovando, de septiembre de 1969 al 8 de octubre de 1970. Se trata en los dos casos del mismo personal político del régimen precedente de Barrientos. Estos políticos, van entonces intentar reciclarse de manera de asegurar una base social y disponer de un consenso bastante duradero para gobernar el país en la estabilidad, en función de los intereses que representan.

Esto lo hacen sin contar con el ascenso del movimiento popular y la reconstitución de las fuerzas del movimiento obrero y minero que se rearticula, primero en el plano sindical, después de un largo período de retirada de la escena política boliviana. Los sucesivos gobiernos van a intentar canalizar a este movimiento ascendente. El primero, a través de vías constitucionalistas y electoralistas, y en el caso del ovandismo, mediante una retórica populista, para utilizarlo como punto de apoyo y estar en posición de fuerza para renegociar las condiciones de dependencia económica del país de cara a su tutor norteamericano. Estas dos tentativas fracasan sin que los endurecimientos de la empresa privada boliviana y de las Fuerzas armadas logren poner término a la dinámica popular que gana fuerza y conduce en su estela –en un plano sindical pero también político en el caso estudiantil y universitario- a un número creciente de actores sociales.

1. El impasse del gobierno de Luis Adolfo Siles Salinas

L. A. Siles Salinas, vicepresidente de Barrientos, es encargado, en virtud de la Constitución, de asegurar la transición a la muerte del general. El deceso ha tomado de improviso a la mayor parte de los movimientos sociales lanzados contra la antigua dictadura, toda una fracción de la base militante popular se encuentra desorientada mientras que para las direcciones políticas del PRIN o del PDC, se trata de una posibilidad de volver al frente de la escena política civil de la que los militares los habían echado. Aunque Siles Salinas suspende por prudencia y retrocede sobre algunas de las medidas más impopulares de la era Barrientos, como el restablecimiento del impuesto único rural, el descontento social no se apaga por esto. Sin embargo, en la medida en que los movimientos de protesta del barrientismo estaban conducidos o en todo caso fuertemente ligados a las direcciones burocráticas de los partidos tradicionales en ruptura con la dictadura sin control verdadero de la base, Siles Salinas proyecta canalizar esta potencial protesta por medio de vías electoralistas. El MNR, el PRIN y el PDC se someten inmediatamente a negociaciones en vistas de los comicios electorales municipales. El Palacio Quemado apoya por su parte la candidatura del general Escobar Uría, intendente de La Paz, en la elección prevista para 1970. Esto le permitiría a Siles Suazo asegurar un camino en el centro urbano por el sesgo del acuerdo electoral tripartito haciendo pagar caro a Ovando, candidato opositor en la presidencial, disputándole los votos de los campesinos en las provincias rurales por intermedio del general Escobar.

El juego de Siles Salinas de dividir a las Fuerzas Armadas, de oponer a Ovando otro candidato militar, pactando al mismo tiempo con los partidos civiles tradicionales, no reemplaza la ausencia de base social del gobierno. El presidente representa efectivamente al PSD (Partido Social Demócrata), “ente cuya militancia no sobrepasa[ba] a una cincuentena de militantes pero cuya influencia fue decisiva en el manejo del país por sus lazos con empresas nacionales y extranjeras”⁵².Guillermo Lora abunda en este mismo sentido afirmando que el “diminuto PSD [era] formado por la crema de los capitalistas bolivianos y [estaba] seriamente comprometido con los intereses foráneos”⁵³. Siles Suazo, representante de la burguesía industrial nacional o más bien “de la insignificancia de la burguesía industrial boliviana”⁵⁴, próximo a EMUSA, principal productor boliviano de antimonio, de la mediana industria minera y de los antiguos barones del estaño, intenta a pesar de todo retomar el control del sector nacionalizado que se encuentra bajo la cúpula de la burocracia militar desde 1964⁵⁵. “La actitud de Siles Salinas sólo puede interpretarse como la decisión del sector de los industriales de zafarse del control secante del general Ovando [que dirige la jerarquía castrense luego de la muerte de Barrientos] con ayuda de otro jefe militar al que prestarían su decidido aunque no incondicional apoyo”⁵⁶. Sin embargo, no tienen éxito ni la maniobra nacionalista ni la tentativa de retomar en sus manos las empresas estatizadas a través de las urnas.

El parlamento denuncia varias veces las intrigas subversivas de Ovando, que se coloca como defensor de las nacionalizaciones y de los proyectos de construcción de altos hornos de Vinto (departamento de Oruro), contra el gobierno de Siles acusado de querer liquidar el sector estatizado y de colaborar con la Rosca. “El absurdo intento de reeditar un gobierno oligárquico civil montado como una farsa democrática [estaba abocado al fracaso parece]”⁵⁷. Desguarnecido, sin ningún apoyo en el seno mismo de las clases dominantes que él ha representado razonablemente en la medida en que su debilidad no parece asegurarle poder canalizar el ascenso del movimiento popular, Siles Suazo cae bajo el golpe del putch de Ovando sin que nadie se inquiete.

2. La “tercera vía” del general Ovando

El golpe de Estado, cuyo proyecto no era un misterio para nadie, estalla mientras que Siles Salinas se encuentra en Santa Cruz. El mismo día del cuartelazo, el 26 de septiembre de 1969, es publicado el Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas a la Nación, refrendado por el general A. Ovando, jefe de los putchistas. El programa político anunciado por los militares es doble. Por un lado, evitar “la polonización y la vietnamización de Bolivia y una nueva y estéril inmolación fratricida”⁵⁸. Se trata de una estrategia que apunta a anticipar la crisis política pudiendo mostrar los contornos luego del inicio de redireccionamiento del movimiento popular. En esto, Ovando manifiesta su intención de romper con la política de su antiguo correligionario Barrientos y reeditar bajo la forma de un gabinete militar la experiencia nacionalista burguesa de 1952.

El desarrollo de un país que, como Bolivia, pertenece al área de la miseria y de la dependencia, no puede basarse en un sistema exclusivamente capitalista ni en un sistema excluyentemente socialista, sino en un modelo revolucionario nacional, donde coexisten la propiedad estatal, la propiedad social, cooperativa y comunitaria de los medios de producción y la propiedad privada⁵⁹.

El Mandato prosigue con este mismo tono afirmando que:

(...) La opresión externa afecta a todas las clases sociales y deforma el ser nacional. De esta realidad surge la necesidad de la alianza social por la revolución nacional, que es la vía del desarrollo y la independencia de los pueblos pobres del mundo.⁶⁰

El gobierno ovandista proclama entonces su intención de llevar adelante un desarrollo capitalista independiente, apoyándose, si esto fuese necesario en una movilización de masas controlada desde arriba. Es sintomático considerar que la primera medida tomada por los putchistas mientras que no han tomado aún posesión del Palacio Quemado es la decisión del retiro del ejército de las zonas mineras. Pretendiendo erigirse contra la burguesía rosquera simbolizada por el ingeniero Roberto Arce, miembro del PSD, el nuevo régimen responde a la definición que Theotonio Dos Santos da del bonapartismo latinoamericano de la época. Se trata de un gobierno que “garantiza al mismo tiempo el dominio burgués sobre el movimiento popular y las medidas progresistas de la burguesía contra los sectores más atrasados de la clase dominante”⁶¹. Ovando intenta así recuperar una fracción del antiguo sector estatal, los hidrocarburos, en manos de la Gulf Oil Corporation apoyándose en una movilización popular de apoyo al gobierno.

El 16 de octubre de 1969 es proclamado “día de la dignidad nacional” ya que a través de su ministro Marcelo Quiroga de Santa Cruz, figura de la oposición bajo la era Barrientos, Ovando decreta la nacionalización de la Gulf Oil. Frente a la huida de capitales, la detención del proyecto de construcción del gasoducto por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y por oponerse a las presiones del Pentágono, Ovando organiza el 1° de noviembre de 1969 una manifestación de apoyo al gobierno. La movilización popular es masiva en La Paz donde se cuenta una mayoría de estudiantes, de universitarios y de fabriles. Sin embargo la manifestación oscila rápidamente a un terreno de clase de desconfianza con respecto al gobierno. Como lo subrayan Catherine y François Chesnais,

Desde esta manifestación, aunque fue llamada y controlada por el gobierno, se producía un hecho político de la más alta importancia. Una parte del cortejo lanzaba sus propias consignas que expresaban la independencia política del proletariado con relación al gobierno y la intención de una fracción del proletariado de presentar sus propias reivindicaciones por fuera de los marcos fijados por Ovando⁶².

Al fin de la jornada, desde el balcón de la sede del gobierno, A. Quiroga Bonandona, presidente de la CUB, afirma que la movilización popular debe realizarse en forma independiente, en una perspectiva de clase frente a las debilidades y oscilaciones previsibles del régimen de Ovando. La ‘nacionalización’ de los yacimientos de la Gulf no tuvo un impacto popular suficiente como para adormecer a la clase obrera y los sectores más radicales de los campesinos por mucho tiempo más.”⁶³

Frente a esta primera tendencia a la emancipación política de cara al gobierno, los sectores más radicalizados, especialmente los militantes del POR (Masas) van a comenzar a luchar por el restablecimiento de las libertades sindicales y políticas, tomando al pie de la letra la abrogación de la “Ley de Seguridad del Estado” por Ovando poco después de su acceso al poder. A fines de octubre, la COD de La Paz lleva a cabo su IV Conferencia departamental, la primera desde la era barrientista. Se reclama allí, entre otros, la expulsión de la ORIT (Oficina Regional Interamericana del Trabajo), acusada de actuar como sucursal de Washington, la reincorporación de los mineros despedidos por motivo sindical, político o durante las masacres blancas⁶⁴, así como el retorno del exilio de Juan Lechín. Estas reivindicaciones son apoyadas a nivel nacional por la COB que lo hace saber en una declaración publicada en el diario paceño Presencia. En el mismo momento, los docentes y los mineros amenazan con lanzar la huelga, reivindicando un aumento general de salarios, a nivel de los de mayo de 1965 para la FSTMB. Ovando accede parcialmente a estas demandas.

Los sindicalistas quieren aprovechar, a partir de febrero de 1970, para recuperar sus locales cerrados, la mayor parte desde 1964. La fracción porista en el seno de los mineros va a popularizar la idea de realizar un congreso sindical. El XIV Congreso de la FSTMB se realiza entonces en Siglo XX en marzo de 1970. Se realiza en el camino de la abrogación de la legislación anti-sindical barrientista (noviembre de 1969) y el anuncio del aumento de los salarios de los mineros de COMIBOL así como el reintegro de los despedidos bajo la dictadura (diciembre de 1969) tal como había sido previsto en el octavo punto del Mandato Revolucionario de las FFAA⁶⁵. Luego, en mayo del mismo año, la COB se reúne en La Paz para su IV Congreso nacional en el que Ovando autoriza realizarla en los locales del Parlamento. Sus partidarios son allí sin embargo aplastados, su estrategia de cooptación y de canalización del ascenso del movimiento popular fracasa. Aunque la presidencia de la COB vuelve a Juan Lechín, quien realiza en la tribuna la autocrítica de su apoyo incondicional al nacionalismo burgués del MNR después de 1952, las tesis de clausura del congreso, adoptadas el 7 de mayo, afirman que “la clase obrera rechaza la prédica de la conciliación de clases y de la ‘paz social’”.⁶⁶

3. El giro ovandista hacia la derecha, junio-octubre de 1970

El carácter bonapartista del gobierno de Ovando desaparece tan pronto como la pequeña camarilla militar percibe que el movimiento popular se le escapa totalmente y se encuentra muy radicalizado en relación con las aspiraciones gubernamentales. El nacionalismo revolucionario reivindicado por Ovando se encuentra a medio camino entre la “tercera vía” peronista y las posiciones desarrolladas en Perú por Velasco Alvarado, punto de referencia obligado en la época para los militares nacionalistas. Sólo se trata de la reiteración del viejo proyecto nacionalista burgués del MNR que apunta a reordenar las relaciones económicas de cara al imperialismo acentuando a la vez las tendencias estatistas de la economía y el modelo de desarrollo autónomo. Sin embargo, los proyectos y las realizaciones de Ovando no llegan ni siquiera a aproximarse a las medidas tomadas bajo el primer gobierno de Paz Estenssoro. Ovando está lejos de gozar efectivamente del mismo apoyo del que disponía en 1952 el MNR cerca de las clases trabajadoras y de la pequeño burguesía. “El gobierno de Ovando fue burgués nacionalista, que momentáneamente se desplazó hacia la izquierda para luego retornar a las posiciones derechistas [al constatar que el movimiento popular se le escapaba de las manos]”.⁶⁷

El giro hacia la derecha se hizo sentir en el seno de la política del gobierno ya que el general Juan José Torres, que había asegurado la toma de los locales de la Gulf en La Paz el 17 de octubre de 1969, es alejado de la dirección del ejército en marzo de 1970, “como consecuencia de sus discursos y declaraciones de tinte izquierdista [y] se eleva a primera categoría al general Rogelio Miranda [futuro golpista] como caudillo y portavoz de la derecha castrense”.[68] Charles Meyer, consejero del Pentágono en visita a Bolivia en la misma época, presiona al presidente para sacar a las figuras más reformistas del gobierno, especialmente a Quiroga Santa Cruz, ministro de Minas e Hidrocarburos, y a Alberto Bailes Gutiérrez, ministro de Información. En el plano sindical, Ovando, vencido luego del IV Congreso de la COB, declara el cierre de los trabajos que, como,

(...) Gobernante responsable, (...) [se] opondrá a la tesis socialista aprobada por el congreso de la COB. Las Fuerzas Armadas han sido justamente insultadas, lo que no hace otra cosa que demostrar el carácter sectario y antisocial que ha caracterizado este congreso.⁶⁹

El nacionalismo revolucionario de Ovando se convierte en un nacionalismo cristiano moderado, a partir de julio de 1970.

Frente a los estudiantes, con los que el gobierno se anima a chocar frontalmente, responde ante la realización en Oruro del Primer Encuentro de la Juventud Universitaria bajo los auspicios de la COD al margen del congreso cobista en mayo de 1970, con la ocupación desde el Ministerio del Interior del local central de la universidad Gabriel Moreno de Santa Cruz dirigida por un comando de la FSB (Falange Socialista Boliviana) en junio de 1971. El gobierno rechaza intervenir en virtud de la autonomía universitaria. En el mes de agosto se desencadenan ataques contra la UMSA, mientras que el Ministerio de Educación quiere suspender el año universitario hasta retomar las actividades en 1971. Los grupos de extrema derecha de la FSB toman el edificio principal, en avenida Villazón. Los estudiantes replican con la ocupación de los locales de la facultad de ingeniería, en la calle Ayacucho y los de la facultad de Medicina en el avenida Saavedra. En el interior, los enfrentamientos entre jóvenes manifestantes y el ejército producen una decena de muertos en junio de 1970 en Cochabamba. Cuando el movimiento popular en su conjunto, y especialmente los estudiantes organizados en la CUB se enteran de la feroz represión desatada por el ejército contra el foco de Teoponte en septiembre de 1970, levantamientos espontáneos estallan en La Paz⁷⁰.El 10 de septiembre, la expulsión de los curas de la ISAL, quienes asumen muchas funciones profesorales en la facultad, da lugar a nuevas manifestaciones en La Paz, Sucre, Tarija y Trinidad “que se reprimieron a balazos; cayeron muertos y heridos muchos estudiantes”⁷¹.

Ovando se muestra incapaz, a pesar de su viraje represivo, de contener la agitación estudiantil e incluso de neutralizar el conflicto aprovechando el anuncio de la indemnización de la Gul Oil previsto para el 17 de septiembre de 1970, por la suma de 78 millones de dólares, suma superior a las inversiones realizadas por la empresa siguiendo los lineamientos de la banca norteamericana Morgans. A pesar de las recomendaciones de la patronal boliviana reunida en Congreso en marzo de 1970 bajo la dirección del ingeniero Ascui, pidiéndole no ceder a las presiones sindicales y garantizar la inversión privada, los congresos sindicales tuvieron lugar significando una victoria parcial para el movimiento obrero mientras que se encontraba en su más bajo nivel solamente algunos meses antes. Arrinconado sobre su izquierda por el movimiento popular que se recompone con toda independencia de la política de la “tercera vía” ovandista y presionado sobre su derecha por la patronal boliviana, el Pentágono y sus vecinos latinoamericanos por la voz de Charles Meyer y del general putchista argentino Alejandro Lanusse, así como por el Estado Mayor de su propio ejército, el gobierno se encuentra frente a una crisis profunda, de la cual no saldrá hasta su caída, para retomar la expresión utilizada por el secretario personal de Ovando. La contradicción inextricable en la cual se encuentra sumergido aquel que ambicionaba ser el Velasco Alvarado boliviano explota bajo la presión de las masas que Ovando pensaba poder controlar desde arriba siempre jugando su propio juego con relativa independencia de las clases dominantes locales, en beneficio de una fracción del ejército. El movimiento popular reconquistando progresivamente sus libertades democráticas y sindicales sin contar con el gobierno rechaza atarse a Ovando. No pudiendo garantizar la estabilidad social ni con su política populista ni con su viraje represivo, sus compañeros de armas eligen derrocarlo.

C. El movimiento popular frente al gobierno de Torres, la cuestión del doble poder

El Estado Mayor, expresión política de la patronal boliviana y del tutor norteamericano, se pone como último recurso frente a la crisis de gobernabilidad sin precedentes en la cual se debate Ovando. Sólo un retorno a la era precedente, es decir a un régimen abiertamente barrientista, construido sobre la derrota del movimiento popular, es susceptible de restaurar la estabilidad social necesaria ya que ni la tentativa populista de la primera fase del gobierno ni el giro represivo de Ovando supieron frenar consecuentemente el ascenso popular. Sin embargo, luego de los putchs de octubre de 1970 y de enero de 1971, la respuesta de las clases trabajadoras es tal que las FFAA prefieren replegarse en orden en dos oportunidades esperando una mejor ocasión. Sin embargo, el gabinete militar nacionalista de Juan José Torres, aprovechándose del vacío político para asegurar la continuidad gubernamental institucional, tampoco es apto para canalizar la dinámica popular.

El movimiento popular, teniendo a su cabeza a los obreros fabriles y mineros, va a afirmar en el curso de “diez meses de emergencia”⁷² que dura el gobierno torrista su rol preponderante en la dirección política del país. Le demostrará, a través del Comando político de la clase obrera y del pueblo y la Asamblea Popular, plena independencia de clase, en el plano ideológico y organizativo, con respecto al gobierno de Torres. Este rol político se afirma subjetivamente, es decir conscientemente, a través de la estructuración, a escala local y nacional, de embriones de doble poder para responder al vacío institucional y a la disgregación del Estado. El enfrentamiento final de agosto de 1971 hace llegar al poder a Banzer y al FPN (Frente Patriótico Nacionalista) que garantiza, de la forma más brutal posible, la hegemonía de las clases dominantes en las que algunos millares de muertos y desaparecidos y 35.000 arrestos, exilios y casos de tortura seguramente que sembrarán su septenio banzerista.

Es el análisis de esta capacidad del movimiento popular de sostener la independencia política y de afirmar también su hegemonía de clase lo que está en juego en el último acto del proceso boliviano. Esta apuesta no se limita únicamente al simple debate historiográfico. Se trata de una apuesta política que las clases trabajadoras bolivianas han perdido de forma paradigmática antes que sobre la derrota de los movimientos populares uruguayos, chilenos, argentino se instalen las dictaduras de tipo banzerista a escala de todo el Cono Sur y que colaborarán además estrechamente a través del Plan Cóndor. La apuesta es política y además de actualidad. Reside en la posibilidad o no para los productores de asumir democráticamente sus propios destinos después de haber destruido el antiguo aparato de dominación política y económica. Torres, al punto de ser derrocado, habría rechazado así que se arme el movimiento popular el 21 de agosto de 1971 afirmando a su ministro del interior:

Suponga que el pueblo nos sobrepasa por descontrol (...), que se produce una verdadera insurrección popular y que luego de destruir el ejército los obreros, ignorándonos a nosotros, se constituyen en una verdadera izquierda radical... ⁷³

1. La conjunción contra-natura de octubre de 1970

El 6 de octubre de 1970, 200 oficiales de alto rango del cuartel de Miraflores, La Paz, se pronuncian contra el general Ovando y apoyan, con el acuerdo tácito del resto de los oficiales del interior, el triunvirato de las tres armas dirigido por el general Miranda, apoyado por la derecha del MNR, la FSB y el PDC. Durante 48 horas, Bolivia tiene dos presidentes. Pero cuando sometiéndose a las presiones de las FFAA Ovando dimite al inicio del 6 de octubre, una fracción de izquierda, ultraminoritaria del ejército, se opone al golpe de estado. El general Torres, firmante del Mandato Revolucionario de septiembre de 1969, se encuentra a la cabeza de los oficiales nacionalistas pero sólo goza del apoyo del CITE (Centro de Instrucción de Tropas Especiales), del GAC (Grupo Aéreo de Caza) basado en El Alto así como por la guarnición de Cochabamba. Al margen de estos disensos en el seno de las FFAA, la COB llama a la huelga general indefinida a partir del 7 de octubre a la medianoche mientras que la CUB se une a la movilización.

En la mañana del 7 de octubre, las principales arterias paceñas son bloqueadas, las rutas del Altiplano son cortadas por los campesinos próximos al BIC. Los mineros de los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro se dirigen en camiones hacia la capital. Eduardo Fioravanti describe el curso de esta jornada del 7 de octubre como una capital “ocupada por las milicias obreras, campesinas, estudiantiles, débilmente armadas pero dispuestas a aplastar la asonada fascista”⁷⁴. Juzgando insuficiente la preparación del putch, tanto en la capital como en el interior⁷⁵ y prefieren no comprometerse en una aventura de enfrentamiento directo con el movimiento popular en tales condiciones, el ejército se repliega en orden dejando libre el espacio político a Torres.

Este último se apresura a formar un gabinete cívico-militar nacionalista en el cual se encuentran no solamente partidarios del Mandato sino también numerosos militares golpistas que Torres no desea separar para no quebrar la unidad de las FFAA. Pide a este que no haya ni vencedores ni vencidos. El general Reque Terán es nombrado así jefe del Estado Mayor, Eduardo Quintanilla, secretario general de la presidencia bajo Ovando, “un hombre profundamente vinculado a la empresa privada boliviana, de notable inspiración fascista”⁷⁶ es llamado al lado del nuevo presidente, así como José Ortíz Mercado, miembro de la Unión Juvenil Cruceña, de tendencia FSB, diputado desde 1967 a 1968, ministro de Planificación bajo Ovando.

Jean-Pierre Lavaud afirma que “Torres declaró su régimen nacionalista revolucionario. La COB y los partidos de izquierda no pudieron obtener el 60% de los cargos de ministros que ellos pedían y adoptaron una actitud de apoyo crítico”⁷⁷. Esto es verdad sólo parcialmente. Torres intenta inmediatamente hacer terminar la huelga general e trata de hacer participar a ministros obreros en su gabinete para reeditar la experiencia de co-gobierno de 1952 destinado a ligar al movimiento popular a un régimen que no es el suyo. El Comando político de la clase obrera y del pueblo que se constituyó en el curso de los acontecimientos, multiplica las condiciones, bajo el impulso de la fracción porista, para rechazar los cargos ministeriales⁷⁸. Esta misma fracción hace adoptar un programa de reivindicaciones inmediatas en 17 puntos para acentuar la movilización retomando los slogans de marzo de 1970 que subrayan la necesidad de la unidad obrera para una política de clase independiente así como la acción directa de las masas⁷⁹, que aseguran además a través de las brigadas obreras y universitarias, la seguridad en la capital. Estas consignas no se limitan a un pequeño cenáculo político militante. Esta actitud es retomada por la muchedumbre que sube algunos de los diez kilómetros que separan la base aérea de El Alto hasta la plaza Murillo desde donde Torres debe ser intronizado presidente. “Al salir el general a los balcones se produjo una estruendosa ovación que poco a poco fueron dominando los gritos organizados de universitarios y obreros que voceaban (...) el consabido slogan ‘los obreros al poder, los militares al cuartel, los gorilas al paredón’”⁸⁰. El ministro del Interior constata incluso en sus memorias que “el 6 de octubre se produjo una alianza táctica que no fue acordada expresamente entre ustedes [el Comando político] y nosotros”. Y frente a la imposibilidad de ligar el movimiento popular al gobierno, observa a posteriori que “fue el fenómeno más extraño que se produjo en la historia política de Bolivia. La izquierda desconfiaba sobre el carácter revolucionario del régimen”⁸¹. Desde sus primeros instantes de vida este gobierno sobreseído

Estuvo condenado a batirse en dos frentes y a maniobrar desplazándose de un extremo al otro, sin lleg[ar] nunca a ser en momento alguno un verdadero gobierno. Estos frentes no eran otros que la creciente oposición venida tanto del polo imperialista como del proletario y popular. El desarrollo de la situación le llevaba a un frontal choque con la reacción, expresada por el gorilismo, así como el movimiento de masas en pleno ascenso. Para sobrevivir hubiera tenido que neutralizar y ganar para sus posiciones a uno de esos polos extraños, cosa imposible en ese momento porque el torrismo no ofrecía ninguna respuesta atrevida y propia a los agudos problemas⁸².

2. El giro de la movilización de enero de 1971:

La fracción porista en el seno del Comando político batalla para que, aprovechando la coincidencia superficial y momentánea entre la intervención de las masas y el ala nacionalista del ejército reagrupado alrededor de Torres en octubre de 1971, este último no logre subordinar a sus objetivos al movimiento popular, a pesar de la tendencia de algunas de sus organizaciones como el PCB o el PRIN a querer apoyar al gabinete torrista. Pero es también la dinámica nacida de la movilización de octubre de 1970 quien se encarga de hacer estallar la naturaleza divergente entre el movimiento popular y el gobierno, tanto en el plano de su naturaleza de clase como por sus objetivos. Torres se ve así incapaz de resolver la crisis tanto política como social y económica que atraviesa al país. Las ocupaciones salvajes rurales y urbanas prosiguen mientras que el apoyo tradicional del campesinado se fisura cada vez más. A pesar de la indemnización de la Gulf en nombre de la continuidad gubernamental y para no caer bajo el golpe de la enmienda Hickenlooper⁸³, los problemas de la comercialización de los hidrocarburos continúan, debilitando por ello mismo, toda la economía nacional por falta de divisas. El descontento social no toca simplemente a las capas populares que ven su poder de compra considerablemente reducido frente a la emergencia de un mercado negro que oculta la carencia en bienes de consumo corrientes de los que sufre el país. Por razones opuestas, la patronal boliviana, en el sector de las minas especialmente, debe hacer frente a un sobrecosto de la mano de obra debido al sensible aumento salarial mientras que los agroindustriales, particularmente cruceños, son poseídos por el miedo de ver generalizarse las ocupaciones salvajes por los colonos o los campesinos sin tierra.

El 10 de enero, es el coronel Hugo Banzer Suarez, antiguo ministro del comercio y la industria bajo Ovando, quien se pone a la cabeza del pronunciamiento contra Torres desde los locales del Colegio Militar. La reacción popular es inmediata. Ante llamado del Comando político la actividad se paraliza en todo el territorio. Desde las primeras horas del 11, más de 3.000 mineros que vienen de Siglo XX, Catavi, Huanuni y San José invaden las calles de La Paz y se dirigen a la Plaza Murillo, armados de algunos viejos fusiles pero sobretodo de dinamita, a la que ellos tienen acceso en los pozos. Es la primera vez que la centralidad obrera se manifiesta de manera tan ejemplar desde la muerte de Barrientos. Desde los balcones de la presidencia, Torres, que había logrado esa misma mañana que los obreros de la empresa Cervecería retomen el trabajo, afirmándoles que el gorilismo se había retirado de nuevo, se encuentra confrontado con una determinación cualitativamente diferente entre los mineros.

No bien Torres instó a los asistentes [los mineros] a defender a la revolución y lo que él llamó el gobierno de los obreros, la masa le respondió exigiendo perentoriamente la entrega de armas. A la promesa de que el Ejecutivo compraría estas armas en el futuro, cuando el país se desarrolle, se retrucó en el sentido de que las armas se las precisaba en el momento y que no era preciso comprarlas porque habían en abundancia en el poder del ejército. En este momento se escucharon rechifladas cerradas que impidieron al Presidente continuar con su discurso. Las protestas subieron de tono cuando el Mandatario expresó que depurado el ejército, este se convertía en guardián de la revolución. Los trabajadores dieron pruebas de no olvidar que la institución castrense es el semillero del gorilismo y de las conspiraciones derechistas. Parte de los manifestantes dio muestras de querer permanecer en la Plaza hasta que efectivamente el gobierno entregue las armas, pues para ellos la única garantía de la revolución es el fusil en el hombre del obrero (así decían varias consignas). El clamor fue unánime: ‘basta de promesas, queremos armas’⁸⁴.

Al día siguiente, la manifestación del 12 organizada por la COD de La Paz reúne más manifestantes entre los cuales hay numerosos campesinos, obreros, estudiantes pero también funcionarios. El tono es allí mucho menos agresivo. En la Plaza Murillo, Torres no es directamente interpelado por los manifestantes. Sin embargo, el discurso de Quispe, dirigente sindical paceño, es aplaudido mientras que el presidente es chiflado en la tribuna.

Para hacer frente a la presión obrera y popular, Torres anuncia desde el 11 de enero, la cesión a COMIBOL de los residuos de estaño explotados por la International Processing C° desde Barrientos. El 14, propone la participación obrera en los directorios y las instancias dirigentes de COMIBOL y de YPFB, retomando así la vieja idea de Paz Estenssoro. Los mineros, a través de la voz de su sindicato, rechazan en bloque “la cogestión” [siendo] para ellos una garantía empleada (...) por la política del poder”⁸⁵. El 30 de abril, en vísperas de la manifestación del 1° de mayo, el gobierno decreta la cesión de los yacimientos de zinc de Matilde concedidos a la Philips Brothers desde 1966, estatización que había rechazado hasta el momento. En oposición, para satisfacer al Congreso de la Confederación de Empresarios Privados, el gabinete nacionalista proclama en mayo de 1971 en la Plataforma económica y política del gobierno revolucionario querer garantizar la inversión privada nacional e internacional asegurando no tener la intención de rechazar el pago de la deuda externa. Como lo destaca Jean-Pierre Lavaud, “los líderes militares populistas promueven su propia derrota aceptando premisas reformistas antes que radicales en un contexto de movilización de clase”. [86] Ellos aceptan efectivamente, presionados y obligados a salvar la estabilidad de su gobierno queriendo reasegurar la inversión y la gran propiedad privada de los medios de producción que ellos defienden en última instancia.

3. El primero de mayo de 1971, la primera sesión de la AP y el golpe de estado de agosto

La necesidad de estructurar el Comando político a escala nacional, sobre el conjunto del territorio, se plantea al día siguiente de las jornadas de enero de 1971. A pesar de la expulsión del MNR del Comando en el seno del cual no queda más que su base obrera llamada Comando laboral, cierto número de tensiones resurgen entre las diferentes organizaciones de izquierda para definir el rol y la función de la nueva estructura. Incluso si todos acuerdan teóricamente para que su eje sea la Tesis del IV Congreso de la COB, algunos están dispuestos a apoyar al gobierno, como Mario Monje y Marcos Domic del PCB por no hablar de la dirección lechinista del PRIN. Para la ultraizquierda que no ve, como el PCML, la necesidad de crear un órgano de comando político para acentuar la movilización y hacer romper las capas populares manteniendo todavía ilusiones en Torres, la única opción legítima es el insurreccionalismo inmediato. La Asamblea Popular nace sin embargo bajo el impulso de los desfiles del 1° de mayo de 1971. El de La Paz reúne entre 30.000 y 50.000 manifestantes que desfilan desde la Plaza Pérez Velasco al margen del cortejo oficial. Lechín anuncia la apertura de la primera sesión de la Asamblea Popular en la cual deben participar las delegaciones provinciales el 22 de junio.

A pesar del endurecimiento de los antiguos representantes del Poder legislativo oficial que ven en la AP una competencia directa para sus prebendas y la oposición total del ejército, Torres se ve obligado, luego de la organización de la Semana antiimperialista, a expulsar a los voluntarios norteamericanos de los Cuerpos de paz así como los funcionarios militares del Pentágono estacionados en El Alto en la base de Guantanamito, llamada así en referencia a la ocupación por Washington de la base homónima en Cuba. Esto no satisface ni a la CUB ni a la COB al principio de estas manifestaciones antiimperialistas. Ellas se traducen, el domingo 13 de junio en Siglo XX, luego de la manifestación en el acto de cierre, en varios discursos de mineros reivindicando la co-participación obrera mayoritaria en COMIBOL y en el seno del resto de las empresas del país. Se trata, en otras palabras, del control de los principales engranajes de la economía por los trabajadores, significando la caducidad del gobierno cívico-militar nacionalista de Torres.

El 22 de junio se abre el la primera sesión de la AP en la cual participan 222 delegados salidos de las organizaciones obreras, campesinas y populares nacionales. La convocatoria del 1° de mayo de 1971 votada por unanimidad afirma que

Por declaración de febrero de 1971, el Comando político del pueblo se ha transformado en la Asamblea Popular, no como una variante del caduco parlamentario burgués, sino como órgano de poder de la clase obrera y de las masas bolivianas, dando así expresión organizativa y política a las tendencias revolucionarias más profundas y poderosas que se agitan y se desarrollan en el seno del pueblo⁸⁷.

A pesar de este voto del Comando, las tendencias en las filas de la AP son más contradictorias, entre ellas las que quieren transformar la Asamblea en Constituyente, como el PRIN, las que piensan poder hacer el ala izquierda del gabinete de Torres como el PCB y las que la consideran como un instrumento de movilización de clase y de poder popular, tal como es votado mayoritariamente en acuerdo con las proposiciones de la fracción porista. El gobierno institucional, a través de la voz del presidente, tendrá una actitud más oscilatoria, acordando en primer lugar el hecho de que se trata de una entidad ilegal, como lo subraya la declaración de Torres del 23 de abril de 1971⁸⁸. Cuando las reuniones están en su punto culminante, él cambia bruscamente, afirmando en el diario porteño La Nación que la AP debe actuar según él como una anticipación de la asamblea nacional.

En el cierre de la primera sesión de la AP, el 7 de julio, el balance es menos estricto. Las resoluciones en cuanto a la universidad única bajo control obrero, la co-participación mayoritaria en el seno de COMIBOL, el juicio popular a los militares responsables de los excesos bajo el régimen barrientista son adoptadas así como el llamado a la huelga general y a la ocupación de los lugares de trabajo en caso de putch. Sin embargo, la convocatoria para la apertura de la segunda sesión es diferida para principios de septiembre de 1971, para algunos demasiado tarde. Se trata de permitir la convocatoria de la AP regionales y de Asambleas Generales locales para asegurar la elección de más delegados locales.

La movilización continúa en la base, especialmente en el mundo estudiantil y campesino, ya que en el VI Congreso de la CNTCB en Potosí, el 2 de agosto de 1971, la vieja dirección oficialista es definitivamente barrida en provecho de la elección de Genaro Flores en el puesto de secretario ejecutivo. El joven dirigente aymará proclama en nombre del sindicato el fin de la alianza militar-campesina y pide la integración de la organización a la AP. El último bastión de estabilidad gubernamental es derribado.

El Estado Mayor, a través de Hugo Banzer, apoyado por la FSB, Paz Estenssoro desde Lima, las dictaduras paraguaya y brasilera, las agencias locales del gobierno norteamericano, lanza un primer llamado a la conspiración el 19 de agosto, desde Santa Cruz. A pesar de la movilización popular, en La Paz y Oruro pero también en el interior, la reacción llega al poder el 22 de agosto después de tres días de resistencia que producen 2.000 muertos, anunciando las horas más negras del FPN puesto en pie alrededor de Banzer. Frente a la dinámica de la movilización obrera, campesina y popular,

La respuesta fue dada, con bastante anticipación, por los enemigos de clase. El golpe gorila del 21 de agosto de 1971 inscribió en su bandera la lucha a muerte contra la Asamblea Popular y hasta nuestros días la reacción sigue combatiendo su simple recuerdo (...). la derecha castrense jugó su última carta (el golpe preventivo fascista) no en respuesta a profecías, sino después de palpar a una organización que abierta y efectivamente se dirigía a la toma del poder. Se pueden lanzar muchas profecías, innumerables consignas tenebrosas, pero si las condiciones políticas no les permiten movilizar a las masas y movilizar su acción, desaparecerán como simples palabras, sin turbar para nada la tranquilidad de los dueños del poder. Los fantasmas, las profecías sin contenido no pueden modificar el curso de la historia. La Asamblea popular constituye uno de los hitos fundamentales e inamovibles del desarrollo histórico boliviano⁸⁹.